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Canarias pide "sentido de Estado" para sacar adelante los Presupuestos de 2017

La portavoz del Gobierno regional, Rosa Dávila, recuerda que CC tiene un acuerdo firmado con el PP en el que se comprometen a revisar el sistema de financiación autonómico del conjunto de las comunidades autónomas

Respecto a la futura Ley de Servicios Sociales, la portavoz gubernamental ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha elevado su anteproyecto al Consejo Económico y Social para su dictamen.

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La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila.  EFE/Cristóbal García

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. EFE/Cristóbal García

La portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha pedido este lunes "sentido de Estado" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2017, pues, según ha dicho, los canarios no se pueden permitir la ausencia de unas cuentas generales y que se les hurten recursos económicos que están negociados.

Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado que CC tiene un acuerdo firmado con el PP en el que se comprometen a revisar el sistema de financiación autonómico del conjunto de las comunidades autónomas.

Asimismo, dentro de la conocida como "agenda canaria" hay un acuerdo concreto para que se revise dentro del presupuesto de 2017 la disposición adicional que eliminaría que el Régimen Económico y Fiscal (REF) participe del sistema de financiación.

El actual sistema de financiación, que proviene del año 2009, ha sido "muy pernicioso" para Canarias y ha mermado sus recursos al incluir el REF dentro de los recursos en el sistema de financiación que se deriva al archipiélago.

Por ello, Dávila ha apelado al sentido de Estado de todos los partidos, pues ni el Gobierno de Canarias ni los canarios pueden estar a expensas de los congresos de los partidos.

"No se lo merece este país y no se lo merece canarios", ha aseverado la portavoz, quien ha asegurado que la futura ley de servicios sociales tendrá una ficha financiera independientemente de la revisión del sistema de financiación.

Mientras tanto, ha denunciado, el Ejecutivo canario pone recursos económicos de los propios ingresos tributarios para cubrir los servicios públicos esenciales.

"Canarias tiene que alzar la voz y estar unidos en la defensa de una agenda canaria que es importante para el conjunto de los canarios", ha agregado.

Además, ha hecho referencia a la comunicación que presentó el Gobierno canario en abril sobre la financiación autonómica y ha dicho que su retraso depende del Parlamento, que es el que marca sus tiempos.

Dávila ha reclamado a los portavoces parlamentarios que reactiven en comisión parlamentaria el análisis y el estudio de la comunicación, pues ya han pasado "muchos meses" desde que el Ejecutivo presentara la comunicación.

La Ley de Servicios Sociales, a la espera del Consejo Económico y Social

Respecto a la futura Ley de Servicios Sociales, la portavoz gubernamental ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha elevado su anteproyecto al Consejo Económico y Social para su dictamen.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Cristina Valido, que también ha estado presente en la rueda de prensa, ha detallado que este anteproyecto de ley trata de derogar por completo en el ordenamiento jurídico vigente hasta ahora como consecuencia de los profundos cambios operados en la realidad social de la población canaria y los cambios económicos producidos, incluida la actual situación de crisis y elevados indicadores de desempleo.

La iniciativa legislativa, que según Valido entrará al Parlamento canario para su debate y aprobación antes de verano, tiene por objeto regular y ordenar el Sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias con la finalidad de promover y garantizar su acceso universal, y contribuir al bienestar y a la cohesión social del conjunto de la población.

La consejera ha precisado que como resultado de los trámites de información pública y audiencias del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias se registraron un total de 208 alegaciones presentadas.

De ellas 188 provenían de particulares, otras dos fueron presentadas por entidades del Tercer Sector, tres desde organismos públicos, cinco fueron registradas por diferentes partidos políticos, dos de sindicatos y patronales, otras dos desde colegios profesionales y, finalmente, seis alegaciones interdepartamentales.

Valido ha explicado que el Gobierno empezará a estudiar esta semana todas las alegaciones de forma pormenorizada y se entrevistarán con los que puedan llegar a acuerdos para incorporar mejoras al texto, antes de enviarlo al Consejo Consultivo de Canarias.

El plazo de las alegaciones finalizó el pasado 26 de enero y por el momento solo se ha podido hacer una primera lectura de ellas, ha agregado la consejera, quien todavía no ha podido detallar cuántas alegaciones serán admitidas.

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