Caravana kilométrica contra el alza de los combustibles

Los transportistas de Gran Canaria formaron este viernes una caravana kilométrica para reclamar un paquete de medidas que amortigüe la situación que atraviesan por la subida del precio de los carburantes, si bien ocuparon un carril y no afectó al resto del tráfico de la Avenida Marítima.

Los 230 camiones, guaguas y furgones que este viernes se sumaron para manifestarse en la capital grancanaria según fuentes policiales, más de 300 según los organizadores, partieron a las diez de la mañana del Puerto de La Luz y cuando los primeros marchaban por la Fuente Luminosa los últimos aún se encontraban en el Parque de Santa Catalina, informaron a Efe fuentes policiales.

Los transportistas hicieron notar su presencia también con ayuda de sus potentes bocinas, lo que anunciaba su llegada antes de alcanzar el punto de encuentro en la sede de Presidencia del Gobierno, si bien no estacionaron en este lugar ni colapsaron la ciudad.

Sólo catorce de ellos abandonaron la caravana para aproximarse a Presidencia de Gobierno, donde los representantes del sector se reunieron con los del Ejecutivo, y volvieron a la Avenida Marítima con el resto hasta la salida sur de la ciudad.

Fuentes policiales aseguraron que el tráfico no se vio afectado y hasta fluyó con mayor facilidad que otros días porque hoy los camiones se situaron todos en el carril derecho y no por varios como cuando trabajan con normalidad.

El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, José Ángel Hernández, recordó que la patronal descartó realizar paros durante la semana y decidió limitar sus protestas a esta manifestación y, tras las negociaciones que se abrirán con el Ejecutivo, “tiempo habrá” de emprender nuevas acciones.

El viceconsejero de Infraestructuras y Planificación del Gobierno canario, Álvaro Dávila, quiso subrayar la responsabilidad mostrada por el sector en las islas, que no emprendió acciones tan contundentes como las que se han producido en la Península, lo que agradeció máxime cuando en el archipiélago, por sus características, las repercusiones hubieran sido mayores.

Asimismo, recordó que el presidente canario, Paulino Rivero, pidió al estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, que emprenda las acciones necesarias para levantar la mercancía canaria parada en los puertos peninsulares.

Hernández recordó que la situación del sector es mala y que muchos empresarios trabajan por debajo de sus costes, lo que les lleva a la quiebra.

Como ejemplo expuso que un camión que factura 6.000 euros al mes puede estar teniendo unos gastos de 7.000, pues el gasóleo ha pasado de suponer el 15 por ciento de sus costes hasta el 40 por ciento, reconoció Dávila.

Por este motivo, una de las medidas que pide el sector es que se instaure en Canarias el carburante profesional, pues el transporte marítimo y el aéreo tienen impuestos “cero” y el terrestre paga 102,66 euros por cada mil litros, unos diez céntimos por litro, y la rebaja prometida por el Gobierno de un 7,5 por ciento anual, lo que apenas supone un céntimo por litro.

Dávila agregó que, de momento, el compromiso del Gobierno canario es alcanzar una rebaja del 30 por ciento al final de la legislatura y cualquier otra medida se negociará a partir del lunes, cuando el consejero del área, Juan Ramón Hernández, recibirá al sector.

Las otras reivindicaciones que serán tratadas a partir de ese día serán la posibilidad de que se regule por ley la obligatoriedad de formalizar contratos por escrito con prohibición a que se realicen por debajo de los costes y ayudas para el abandono de la actividad, así como una normativa que establezca una antigüedad mínima para los vehículos que se incorporen a la actividad, pues Canarias se está convirtiendo, aseguró, en el “chatarrero de Europa”.

Se trata de un conjunto de medidas porque la problemática es diversa, concluyó Hernández, quien recordó que Gran Canaria tiene unos 35.000 camiones y 2.000 guaguas, Fuerteventura 180 guaguas y más de 300 camiones, y Lanzarote unos mil camiones y cerca de 300 guaguas.

En total, el sector suma unos 15.000 trabajadores en Canarias, muchos de los cuales hipotecan sus casas para adquirir los vehículos con los que trabajan, lo que ahora les impide abandonar la actividad aunque trabajen por menos de lo que ingresan.

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