El CES pide ''mayor sensibilidad y coherencia'' a la UE hacia las RUP
El Consejo Económico y Social de Canarias opina que el proceso de liberalización propugnado por la Unión Europea (UE) puede tener resultados adversos para las regiones ultraperiféricas, y reclama “mayor sensibilidad y coherencia en la acción comunitaria” hacia estos territorios.
Esta es una de las conclusiones incluidas en un dictamen facultativo elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) a propuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, respecto a una comunicación de la Comisión Europea referente a la Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas.
Al respecto, el CES solicita poder pronunciarse formalmente respecto de la eventual posición que el Gobierno de Canarias fije finalmente en relación a este proceso de consulta.
El CES opina en el dictamen que por su situación geográfica Canarias puede tener “un papel clave” en las nuevas estrategias de cooperación y desarrollo “en línea con el papel que aspira a desempeñar en el mundo la Unión Europea”.
Añade que cualquier estrategia de las instituciones europeas debe tener su anclaje en el reforzamiento del estatuto jurídico e institucional propio de las regiones ultraperiféricas (RUP) “bajo los principios de igualdad y proporcionalidad”, y que tiene como objetivo que sus ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades que los del resto de la UE.
A su juicio, Canarias y el resto de estas regiones pueden alcanzar niveles de desarrollo comparables a los de la Europa continental aprovechando sus potencialidades, pero para ello es exigible “modular” las políticas europeas, que deben ser “lo suficientemente flexibles para tener en cuenta las características específicas” de estos territorios.
Advierte de que aspectos concretos de las políticas comunitarias no logran integrar una actuación modulada hacia Canarias, por lo que demanda “mayor sensibilidad y coherencia en la acción comunitaria hacia las RUP”.
En concreto, señala que aún debe concretarse una metodología para calcular los sobrecostes de la lejanía, que es el elemento de partida para aplicar una correcta modulación de las políticas comunitarias.
Añade que existen dudas sobre la eficacia que tendrá la nueva asignación específica de compensación de los costes adicionales, aplicable exclusivamente a las RUP y que se financiará con fondos Feder, y sobre la que se debe garantizar su compatibilidad con las aportaciones del Estado.
Respecto a la red transeuropea de transporte, el CES señala que no se ha realizado el esfuerzo necesario para que en ella se integren las infraestructuras de transporte de las RUP.
También pide que se profundice en instrumentos como las tarifas y las obligaciones de servicio público para garantizar el suministro de los servicios en las RUP en condiciones similares al resto de la UE, pues la liberalización puede ser adversa para estas regiones.
En opinión del Consejo, debe hacerse un esfuerzo complementario para que Canarias, en la nueva estrategia revisada para las RUP, puede consolidar y modernizar su tejido productivo local, básicamente pequeñas y medianas empresas, y que permita además su externalización.
Asimismo el CES expresa su preocupación sobre el riesgo de que algunas medidas medioambientales puedan vulnerar la mejora de la accesibilidad y competitividad de Canarias, y se refiere a la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación civil.
En cuanto a los retos que plantean la evolución demográfica y los flujos migratorios en Canarias, el CES considera que es necesario que las instituciones europeas conozcan con mayor profundidad sus efectos en las islas, y reclama una política de inmigración “que fomente los cauces legales de admisión de trabajadores extranjeros, un mayor esfuerzo para su integración y mayor cooperación de todas las administraciones para luchar contra la inmigración irregular”.
Asimismo considera prioritario que en el proceso de revisión de la estrategia comunitaria sobre las RUP que se articulen políticas para fomentar la producción autóctona en la agricultura, la ganadería y la pesca.
También alude el CES a la necesidad de que las instituciones europeas estudien el impacto sobre las RUP de “ciertas regulaciones” en el sector turístico, que pueden llegar a obstaculizar su desarrollo.
