Los despedidos de las guarderías piensan ''defenderse''
Margarita Santos, representante del Comité de Empresa de las Escuelas Infantiles de Las Palmas de Gran Canaria despedida junto a cinco compañeros del Comité, ha asegurado que harán “lo que esté en nuestra mano para defendernos y volver a nuestros puestos”.
En declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, Santos explicó que les llamaron por teléfono el viernes y a las 14.30 horas tenían “el despido en las manos” y que se debe a la rueda de prensa que dio el Comité de Empresa de las Escuelas Infantiles del pasado 4 de octubre para informar de la situación.
Estos seis miembros del comité de empresa se sienten “respaldados por los trabajadores” y achacan sus despidos a los intereses de la nueva empresa adjudicataria. “Está claro lo que quieren conseguir”, dijo Margarita Santos, prescindiendo de personal que en algunos casos “lleva más de 30 años” trabajando.
Por último, Santos recordó que “la titularidad del servicio es del Ayuntamiento”, por lo que apeló a su responsabilidad.
Versión de la empresa
La empresa Ralons Servicios destaca por su parte que son “totalmente falsos” y “carentes de cualquier elemento probatorio” los hechos imputados por el Comité de Empresa “efectuando una sorpresiva convocatoria en horas efectivas de trabajo” el 4 de octubre.
Así, desde Ralons se destaca la “falsedad” de esas acusaciones, “especialmente en lo relativo a la vulneración de derechos fundamentales de los menores y la no atención a los mismos por personal especializado”. La empresa no pone en duda que miembros del Comité de Empresa puedan no estar de acuerdo con determinadas decisiones “y en su caso denunciar como considere su disconformidad”, pero considera lo ocurrido como una forma de “atentar” contra la “lealtad y buena fe contractual” que se espera de los trabajadores,
Los despidos los justifica Ralons Servicios en que se ha “acusado a la empresa de forma falsa” y que en vez de dirigirse a los órganos pertinentes, los miembros del Comité de Empresa han buscado “causar la mayor alarma social posible” recurriendo a los medios de comunicación y acudiendo “al cliente de la empresa [el Ayuntamiento] y a espaldas de la misma”.
