La Fiscalía, tras la Mutua Universal por desviar fondos de la Seguridad Social
La Policía Nacional ha registrado este miércoles la sede de la Mutua Universal a raíz de una querella por presunta malversación de caudales públicos que la Fiscalía ha presentado contra varios directivos de la entidad, a los que acusa de desviar fondos de la Seguridad Social para destinarlos a otros fines.
El registro, ordenado por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona que investiga la querella y que no ha producido hasta ahora detenciones, se ha llevado a cabo desde primera hora en la sede principal en Barcelona de Mutua Universal, la tercera de España y la segunda de Cataluña en su sector y que da asistencia a 142.000 empresas y a 1,4 millones de trabajadores.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a varios responsables de la Mutua Universal, presidida por Juan Echevarría Puig, de haber desviado una parte de las cuotas de la Seguridad Social que percibe a fines distintos de los legalmente propios de la actividad mutualista.
Por su parte, el comité ejecutivo de la Mutua Universal ha defendido su inocencia, ha asegurado que todas sus actuaciones “han sido en beneficio de las empresas y trabajadores asociados” y ha vaticinado que la investigación contribuirá “a la satisfactoria aclaración de los hechos”.
La investigación, que está en fase “muy embrionaria” y bajo secreto de sumario, según un portavoz del ministerio público, es resultado de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción la Intervención General de la Seguridad Social, que controla las actividades de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
La Intervención de la Seguridad Social detectó “graves irregularidades” en la gestión de Mutua Universal, que podría haber desviado cantidades millonarias.
Por este motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad Social ha iniciado este miércoles el procedimiento administrativo para adoptar medidas cautelares respecto a la entidad, que se tramitará de forma paralela a las actuaciones que pueda llevar a cabo el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza a la aseguradora desde marzo pasado.
En el registro, en el que ha estado presente por voluntad propia el propio Echevarría, la policía ha incautado abundante documentación y material informático para intentar comprobar si ha existido un desvío de fondos públicos.
Precisamente, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social recibió hace unos meses una denuncia de la Federación ASPA, patronal que agrupa a servicios de prevención laboral ajenos, que acusó a la mutua de utilizar las cuotas que percibía del Estado por accidentes laborales para negocios privados.
Juan Prat, presidente de la Federación ASPA, que cuenta con 270 empresas asociadas en toda España, ha explicado que el desvío de fondos públicos por parte de Mutua Universal es “histórico” y constituye “competencia desleal” para el resto de sociedades que trabajan en el sector de la prevención de riesgos laborales.
La denuncia, que ASPA acompañó de diversa documentación que presuntamente probaba esas irregularidades, acusaba a Mutua Universal de estar empleando el dinero procedente de los cobros de cuotas de la Seguridad Social por accidentes laborales para la prestación de servicios de prevención a empresas, lo que supone un negocio privado.
Mutua Universal, que dispone de sucursales en toda España, tuvo en el año 2006 unos ingresos de 982 millones, el 30% en Cataluña, y un excedente de 135 millones, y para este año 2007 prevé superar los 1.000 millones de ingresos, hasta alcanzar los 146 millones de beneficio.
El presidente de la mutua, Juan Echevarría Puig, es uno de los empresarios catalanes más destacados, con una amplia trayectoria que en 1982 le llevó a dirigir Motor Ibérica, en 1996 Fecsa y en 1997 la entidad “Cable i Televisió de Catalunya”.
Fuentes próximas al presidente han explicado a Efe que Echevarría ocupa el cargo a título honorífico y que no participa en la gestión de la entidad ni tiene ningún poder ejecutivo, por lo que sólo cobra dietas, no un sueldo.
En 1997 fue nombrado vicepresidente de Endesa, cargo en el que, en 1999, fue sancionado con 12.000 euros por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el uso de información privilegiada durante el lanzamiento de las OPA de Endesa sobre Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y Sevillana de Electricidad, aunque en el año 2002 la Audiencia Nacional le anuló la multa.
Nacido en Barcelona en noviembre de 1926, Echevarría está casado, tiene cinco hijos y es suegro del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.
Tras presenciar el registro en la sede principal de la entidad, el presidente se ha reunido en un hotel de Barcelona con otros dirigentes de la entidad, en cuyo consejo ejecutivo figuran como vicepresidente primero Jorge Bofill Thomasa, y entre los vocales Salvador Bernades de Caralt y José Ignacio López de Arriortúa, ex directivo de General Motors y Volkswagen, conocido como “Super López”.
