El Gobierno central y comunidades acuerdan un reparto de 200 millones para combatir la pobreza

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades han acordado el reparto de 200 millones de euros para la protección de las familias, combatir la pobreza infantil, desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales y la atención al pueblo gitano.

Canarias recibirá 1.198.00 euros para atención primaria, 3.322.174 para familias y pobreza infantil, 11.400 euros para el colectivo gitano y 5,3 millones para servicios sociales.

En la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrada este miércoles, se ha dado el visto bueno a la distribución propuesta por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que suma 198.704.000 euros para que las comunidades (excepto Navarra y País Vasco) financien en 2023 el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.

Además, se ha acordado el reparto de 2 millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo y la inclusión de este colectivo.

La cuantía total de los créditos, ya establecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, se otorgarán a las comunidades una vez el Consejo de Ministros autorice su distribución y el Consejo Territorial la apruebe definitivamente, explica Derechos Sociales.

Respecto al desglose de los fondos, 65 millones se destinarán al programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil: 50 millones para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias (comida, higiene, ropa) y mejorar el acceso a salud, educación, vivienda y de empleo, y otros 15 millones al programa de vacaciones escolares (Veca).

Otros 25 millones de euros para programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

Y el resto, 108,7 millones de euros se destinarán a prestaciones básicas de los servicios sociales, con el fin de mantener la red de esos servicios en atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán aportar al menos una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución y determinarán las aportaciones de las corporaciones locales para participar en la cofinanciación, explica el Gobierno.

En la reunión, Derechos Sociales ha presentado a las comunidades el anteproyecto de la que será la primera ley estatal de servicios sociales -aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 17 de enero- que quiere garantizar un suelo común de prestaciones en todo el territorio y la movilidad de esos servicios en caso de desplazamiento de los usuarios entre comunidades autónomas.

La tramitación de la norma se prevé compleja porque varias comunidades ya han alertado de que vigilarán de que no haya ninguna invasión de sus competencias.