La plantilla de GRC protesta ante el Ayuntamiento de LPGC
Los 25 trabajadores despedidos del servicio de recogida de basuras selectiva de residuos sólidos (papel, cartón y envases ligeros) de Las Palmas de Gran Canaria se han manifestado este viernes frente a las oficinas municipales del Ayuntamiento, donde han exigido que la nueva empresa encargada del servicio, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) los “subrogue” hasta que la corporación publique el concurso público definitivo.
Los trabajadores abandonan el encierro que habían mantenido en la sede del consistorio capitalono tras obtener el compromiso de la concejala de Parques y Jardines, Inmaculada Medina, de ofrecerles una respuesta a sus demandas, tras la reunión que mantendrá la edil la tarde de este viernes con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Los delegados de personal de la empresa Gestión y Reciclaje de Canarias (GRC), Juan José Brito y Mario Borges han denunciado además que la empresa Canaria de Limpieza Urbana y Barrido (Clusa) “les ha dado de baja de la Seguridad Social por lo que en estos momentos están sin trabajo y sin derecho a cobrar el paro ni un finiquito por los años trabajado”. Según Brito, Clusa se ha “desentendido” y asegura “que los que tienen que solucionar el problema son el Ayuntamiento y la nueva empresa adjudicataria”.
Los trabajadores afirman que se han reunido con todas las partes implicadas en el conflicto. Por un lado, la concejala de Parque y Jardines, Inmaculada Medina, les informó de que FCC no tenía la obligación de darles trabajo, mientras que la propia empresa les dijo que la única posibilidad de trabajar con ellos es que “perdieran sus años de antigüedad y empezaran desde cero”.
Los delegados de personal de GRC han decidido denunciar por la vía penal a la Junta de Gobierno socialista de la capital y concretamente a Inmaculada Medina por “retirar el servicio a Clusa y cedérselo a FCC”. Las causas que han motivado esta denuncia, según Borges, son “haber dictado una resolución administrativa injusta a sabiendas, sin garantizar el derecho al trabajo de estos trabajadores y conceder el servicio a una empresa, FCC, que no presta en realidad el servicio por falta de personal, habiéndolo subcontratado a Martínez Cano”.
Los trabajadores concluyen que ni la empresa Fomento de Construcciones y Contratas ni Martínez Cano tienen el personal necesario para prestar el servicio “de forma eficiente”, además denuncian que estos empleados “desconocen las rutas y el ejercicio del trabajo”.
El Frente Sindical Obrero Canario (Fsoc) ha explicado que las denuncias de los empleados están salvaguardada por el artículo 404 del vigente Código Penal que “establece que a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”
