El presidente de la patronal turística de Las Palmas acusa al Gobierno de “prácticas dictatoriales”

Turismo

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, ha acusado este viernes al Gobierno canario de actuar como “algunas administraciones más que pasadas de moda, y más propias de otros países con sistemas dictatoriales que de un país democrático”, en sus normas de planificación territorial y turística.

Ejemplo de ello es una disposición adicional incluida en el borrador de reforma de la Ley de Renovación Turística del Archipiélago que “permite al Gobierno, a su gusto, expropiar no solamente suelos, sino complejos turísticos, y enviarlos, en todo caso, a otra zona en la cual él tenga suelo”, algo que a los empresarios les parece “terrible”, ha dicho Fraile.

El dirigente patronal ha argumentado que una normativa así es improcedente, porque “ya hay una ley de expropiaciones” y ha destacado, además, que de acuerdo a esta “cuando a alguien se le expropia algo por cuestiones estratégicas, que el Gobierno tiene potestad para hacerlo, eso está compensando con dinero”, algo que ha considerado más razonable que lo que se pretende hacer ahora.

A su juicio, lo que ocurre en las islas es que “se han inventado un artículo con el que lo que hace el Gobierno es decir: Yo le expropio a usted el hotel y le doy un suelo en otro sitio”.

“Cuestiones estas que son gestos de administraciones, en mi opinión, más que pasadas de moda y más propias de otros países con sistemas dictatoriales que de un país democrático”, ha concluido.

Fraile ha hecho estas declaraciones durante la presentación de un congreso de turismo digital a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, que ha querido aprovechar para expresar su satisfacción por el hecho de que la Ley de Renovación Turística vaya a ser reformada en otras cuestiones, como reclama la FEHT hace años.

El dirigente empresarial se ha declarado “moderadamente optimista” ante esa previsible modificación, porque -ha explicado- va a suponer que se eliminen las restricciones que hasta ahora han existido para construir en el archipiélago nuevos hoteles de cuatro estrellas, supeditando su creación a que se hicieran en suelos donde hubiera otros establecimientos obsoletos y sustituyéndolos.

Sin embargo, ha apostillado que hay otros apartados del proyecto con los que los empresarios están en desacuerdo.

“Viendo la ley, creo que va a tener aspectos positivos”, como el de que, “afortunadamente, después de tanta lucha, algo va a cambiar y se van a poder construir hoteles de menos de cinco estrellas, pero siguen poniendo muros y trabas a que el mundo se desarrolle como hoy se está haciendo en el resto de los países, lamentablemente”, ha expuesto.

Ha precisado que algunas de esas trabas aparecen “en el propio artículo cuarto que permite construir hoteles de menos de cinco estrellas”, ya que fija que esos establecimientos deberán cumplir unas normas medioambientales que ha opinado que “se han quedado en un limbo que nadie sabe cuáles son”.

Por lo cual, los nuevos hoteles “dependerán, exclusivamente, del criterio del gobierno de turno, que dirá: 'Este me gusta, este lo permito, este no me gusta'”, ha considerado.

Y ha insistido en que eso es algo que rechazan los empresarios, porque son “totalmente contrarios a la arbitrariedad” que entienden que implica ese proceder, y porque opinan que disposiciones así “lo que hacen es poner, de nuevo, cortapisas al negocio turístico”.

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