Sala propone aclarar la ley de reestructuración laboral
La normativa que regula los procesos de reestructuración laboral en las empresas no es nada clara y debería ser objeto de un cambio legislativo. Así lo entiende el profesor Tomás Sala Franco, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, quien inauguró en la tarde de este martes el ciclo de conferencias de la 31ª edición de las Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se están celebrando en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En su intervención sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el profesor Sala Franco describió el confuso panorama que a nivel legislativo han de afrontar tanto empresarios como trabajadores ante una reestructuración obligada por causas técnicas, organizativas o de malos resultados económicos, una situación muy frecuente en los últimos años en muchas empresas españolas y que ha generado gran controversia y conflictividad en el ámbito de lo social.
En su opinión, los cuatro preceptos legales que regulan la reducción de salario y de jornada laboral, en referencia a los artículos 12, 20, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, no siempre guardan coherencia entre sí y en muchos casos hasta aparentan contradecirse, viéndose las partes expuestas a la muy diversa interpretación que la jurisprudencia hace de ellos en función de cada caso particular.
Para el catedrático de la Universidad de Valencia, estos problemas interpretativos pueden llegar a generar situaciones paradójicas, como que en algunos casos, ante una necesaria reestructuración de la empresa, pueda resultar más fácil el despido de los trabajadores que una reducción de jornada o de salarios. Algo que califica de absurdo, pues la ley estaría siendo más flexible para una medida drástica como puede ser el despido que para un mal menor, como sería una modificación contractual.
Tomás Sala Franco señala que la solución a este galimatías no es sencilla, si bien pasaría por cambiar la legislación para clarificar el panorama, conectar los distintos preceptos legales entre sí y adaptarlos a las directivas europeas sobre contratación laboral, con las que la normativa española también presenta ciertas diferencias.
Casi 200 expertos
Las XXXI Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura en colaboración con la ULPGC, reunirán hasta el próximo jueves a cerca de 200 expertos en la materia, con el objetivo de compartir conocimientos y profundizar en los diferentes aspectos del derecho laboral y del sistema público de pensiones.
En la inauguración estuvieron presentes, entre otros, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Pedro Herrera, y el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido.
Las jornadas están dirigidas a todos los profesionales del derecho del trabajo, jueces, abogados laboralistas, graduados sociales, procuradores, jefes de recursos humanos de empresas e instituciones y estudiantes universitarios.
Entre las conferencias previstas para los próximos días figura una titulada “El futuro de las pensiones y el factor de sostenibilidad”, a cargo de José Luis Tortuero Plaza, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid y experto asesor del Gobierno de España en materia de pensiones en las últimas décadas, tanto de ejecutivos socialistas como populares.
También destaca la conferencia titulada “Análisis práctico de las últimas reformas legislativas en materia laboral”, a cargo de Antonio Sempere Navarro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del área laboral de Gómez Acebo y Pombo, uno de los gabinetes jurídicos de mayor prestigio en toda España.
Igualmente, serán ponentes de las jornadas Emilio Palomo Balda, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que hablará sobre las prestaciones de incapacidad y discapacidad, y José Manuel López García de la Serrana, magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, quien disertará en relación a los criterios jurisprudenciales sobre la prueba en el proceso laboral.
