San Bartolomé pide evitar la fuga de inversores
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Marco Aurelio Pérez, ha solicitado al Gobierno canario que adopte una decisión “tajante” sobre la renovación y modernización del Hotel Oasis, ubicado en la zona de Maspalomas de dicho municipio.
Pérez consideró necesario una “mayor seguridad jurídica para evitar la fuga” de inversores privados en la reconversión turística de la zona de Maspalomas, según informó el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en nota de prensa.
“El Gobierno de Canarias debe tomar una decisión tajante al respecto -del Hotel Oasis-, para garantizar el cumplimento de las garantías jurídicas que no se tienen en una república bananera pero sí en Canarias, en España y en la Unión Europea (UE)”, apostilló Pérez.
Agregó que en Canarias se transmite seguridad jurídica, que es lo que ofrecen los ordenamientos jurídicos español y europeo, de ahí que señaló que no se puede permitir “los vaivenes y opiniones de terceros respecto que les interese o no a sus negocios”, sino que existe un marco jurídico que se debe respetar y que las administraciones tiene “que hacer que se respete porque si no el futuro de Canarias será de corto plazo”.
Y es que el primer edil del municipio turístico del Sur avisó del desarrollo turístico que está experimentando Marruecos donde, aseguró, que obtener una licencia para un hotel en la playa “solo tarda unos tres meses”, lo que afirmó “pone en peligro las inversiones privadas en el sur de Gran Canaria”.
“El dinero es que es muy miedoso y no tiene fronteras. Por tanto, si aquí no garantizamos la seguridad jurídica, el que tenga miedo y no tenga fronteras huirá de nuestro destino. Y si no somos capaces de atraer inversiones externas de inversores privados no seremos capaces de tener un producto competitivo en pocos años”, resaltó Marco Aurelio Pérez.
Empresarios y hotel Oasis
Por otra parte, también se refirió a la aparente división de pareceres que las organizaciones empresariales están mostrando en torno al Hotel Oasis y sobre lo que advirtió de que “el Ayuntamiento no puede tomar al respecto ninguna iniciativa porque no está en el ámbito de sus competencias”.
Por ello, señaló que el Consistorio continuará actuando como lo ha “hecho desde el primer día”, ya que las licencias son actos reglados que el Ayuntamiento tiene la “obligación de tramitarlas como tal”, por lo que cualquier acción que “significa salirse fuera de ese acto reglado significará indemnizaciones que tendrá que asumirlas quien las provoque, y el Ayuntamiento no está por provocarlas”.
En relación a la supuesta titularidad pública de parte del Palmeral, ocupado por las instalaciones del Hotel Oasis, Pérez indicó que en las normas subsidiarias de los años 80 y del Plan General de Ordenación municipal de 1996, que conforman la documentación técnica urbanística que obra en el Ayuntamiento y que está marcando las decisiones que el gobierno municipal está tomando respecto a este asunto, “la parcela del Hotel Oasis aparece como titularidad privada y con unas características urbanísticas edificativas que aún no están agotadas”.
“Alguien en el Gobierno de Canarias debe dar un golpe sobre la mesa, y si no hablar más alto, sí hacerlo más claro y, por razones de seguridad jurídica, decir cuáles son las condiciones de juego en Canarias y si son inamovibles e inmutables. Otra cosa sería que esas reglas o criterios hubiera que cambiarlas por criterios de oportunidad para el desarrollo de las islas pero no por debates que se susciten sobre la marcha porque si no estaremos avocados a un descalabro económico”, ha insistido.
El proyecto del Hotel Oasis está en trámite de información actualmente en el departamento técnico del Ayuntamiento, por lo que “si el informe de los técnicos es favorable se le otorgará la licencia y si no lo es pues se le denegará”.
Finalmente, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana indicó que la comisión que deberá resolver la petición de que el Hotel Oasis sea declarado Bien de Interés Cultural quedará conformado esta misma semana, una vez que desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento ya se ha visto cuál debe ser el procedimiento a seguir y en la que se destaca que en un plazo de diez días el solicitante tendrá que aportar toda la documentación y elementos de juicio que sustente su petición.
