El Supremo da la razón a Lidl frente al Gobierno
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las sentencias que reconocieron a la cadena Lidl el derecho a abrir seis nuevos centros comerciales en Gran Canaria y Tenerife, por considerar infundadas las razones en las que se había escudado el Gobierno canario para denegarle las licencias.
El Supremo avala así la decisión que tomó hace cuatro años el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuando concedió a Lidl las licencias específicas que precisaba para abrir nuevos establecimientos de descuento duro en Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes, La Laguna, Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz y Güímar.
La Consejería de Comercio del Gobierno canario había denegado a Lidl esos permisos en 2005, amparándose en un informe que encargó a la empresa Laesedeuve para examinar los efectos que podrían tener esas aperturas sobre el tejido comercial del archipiélago.
Ese informe advertía de que permitir a Lidl abrir nuevas tiendas de descuento duro iba a destruir empleo en las comarcas afectadas, una conclusión que el TSJC estimó “supuesta y errónea”.
De hecho, el TSJC puso además en cuestión el procedimiento seguido por el Gobierno de Canarias para adjudicar a Laesedeuve directamente esos informes, sin ajustarse a lo prescrito por la Ley de Contratos, una circunstancia que entendió “relevante” para resolver este litigio, porque fue esa empresa “la que de facto rechazó las pretensiones” de Lidl, según exponía en sus sentencias.
El Supremo respalda ahora los razonamientos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y rechaza los recursos del Gobierno de Canarias, que pretendía que no se concedieran las licencias a Lidl y que, al menos, se le diera la oportunidad de sacar a licitación la contratación de un nuevo informe.
