Trabajadores de La Caja plantean batalla a la fusión virtual

La Asamblea General de la Caja Insular de Ahorros de Canarias aprobó la fusión virtual de la entidad con CAI Zaragoza y CajaRioja saltándose sus propios estatutos. Así lo entiende la representación de los trabajadores en el máximo órgano de la entidad pública de derecho privado, que el pasado viernes llevó a cabo la anunciada impugnación de los acuerdos adoptados por la Asamblea el 14 de diciembre: una demanda judicial y la petición de la suspensión cautelar de los mismos.

José Luis Cabrera, portavoz de los diez consejeros generales empleados de La Caja, explicó a CANARIAS AHORA este lunes que “hemos presentado formalmente ante el Decanato la demanda, para su reparto en un juzgado de lo Mercantil, porque ese acuerdo contraviene tres puntos básicos de nuestros estatutos”.

El miembro del Consejo de Administración considera que se ha vulnerado el artículo 24 de los estatutos de La Caja, ya que el acuerdo adoptado por el Consejo el 3 de diciembre debió llegar a la Asamblea con el aval de un tercio de la misma y haberse comunicado a la presidencia con quince días de antelación.

Además, los 160 miembros de la Asamblea debían tener en su poder, para ser analizada, toda la documentación de los asuntos a tratar en la misma con quince días de antelación, y la decisión del 3 de diciembre fue posterior a la convocatoria de la Asamblea.

También entiende la representación de los trabajadores en La Caja que si el procedimiento elegido por el Consejo fue un informe del director general, Juan Manuel García Falcón, a la Asamblea, ésta no debía ratificar nada, “ya que sobre un punto informativo no es posible tomar un acuerdo” como fue la confirmación de la denominada fusión fría, mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP), siguiendo recomendaciones del Banco de España.

En su momento, durante la celebración de la Asamblea, nueve de los diez consejeros empleados abandonaron la misma e hicieron constar en ruegos y preguntas que la votación del acuerdo (punto 3 del orden del día) contravenía los estatutos precisamente por las razones esgrimidas ahora ante la Justicia. Sólo permaneció en la misma José Luis Cabrera y votó en contra junto a otros consejeros generales.

SIP: un “limbo jurídico” no regulado en España

Las medidas formalistas argumentadas por la representación de los trabajadores son sólo el primer paso contra una fusión virtual que José Luis Cabrera, en nombre de los consejeros generales empleados de La Caja, entiende como “un limbo jurídico que deja sin garantías a impositores, acreedores y empleados”.

A juicio del consejero de La Caja, “si se ejecutan estos acuerdos se inicia un proceso irreversible, y si estamos ante la decisión más importante en toda la historia de La Caja, no se puede llevar a cabo de forma sibilina, los 160 consejeros de la entidad deben saber qué están aprobando exactamente”.

Cabrera explicó que el Sistema Institucional de Protección (SIP) elegido por La Caja, CAI Zaragoza y CajaRioja para una fusión virtual “no está regulado en España como sí lo están las fusiones formales o las absorciones en las leyes de cajas, por lo que el personal se queda sin el paraguas que tenía hasta ahora, desregularizado, posiblemente con una figura superior a las tres cajas que forman este SIP, una especie de matriz que ya no será una caja con su obra social y sus estatutos, sino un establecimiento financiero de crédito”.

El portavoz de los consejeros generales empleados de La Caja aclaró también que en toda España se está abriendo un debate sobre la fórmula elegida para reducir las cajas, como recomienda el Banco de España. “Es una auténtica reconversión del sector de cajas, hay informes que indican que de los más de 32.000 empleados en toda España sobrarían unos 14.000, pero ahora, a diferencia del proceso llevado por los bancos en los años ochenta con acuerdos de prejubilaciones, se está haciendo sin tanta claridad”.