Turismo mandó cerrar el Palacio de Maspalomas en pleno congreso mundial
La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias estuvo a punto de provocar que se suspendiera el Congreso Mundial de Desalinización-IDA World Congress, el pasado día 22, al cursar una orden de clausura del Palacio de Congresos de Maspalomas, de su propiedad, por carecer aún de licencia de apertura. Una autorización municipal de espectáculo público logró salvar el escollo in extremis y evitar un escándalo que hubiera acabado con la imagen de Gran Canaria y Canarias en el campo del turismo de congresos.El Congreso Mundial de Desalinización fue inaugurado la mañana del lunes 22 por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), pero pocas horas después, el director del Palacio de Congresos de Maspalomas, Óscar Naranjo, recibía un escrito de la consejera de Turismo, Rita Martín (PP), ordenando el cierre de las instalaciones por carecer de licencia de apertura.
Todo empezó una semana antes, cuando en el consejo de administración del Maspalomas Congress Boureau se planteó la necesidad de tramitar un permiso provisional para el Palacio de Congresos que permitiera que se celebrara este importante encuentro mundial, que reunió a 1.300 expertos en desalinización procedentes de setenta países, a los que hay que añadir los 700 invitados que acudieron a Gran Canaria atraidos por este certamen.
En esa reunión, los representantes de la empresa Lopesan, que tienen adquirido el derecho de explotación del palacio, argumentaron que sin licencia de apertura definitiva no se harían cargo de esas instalaciones, que han sufrido una importante remodelación para adaptarlas a las normativas de seguridad e incendios. Las obras han sido costeadas en su totalidad por la Consejería de Turismo del Gobierno, que es la institución que había comprometido la celebración de este congreso mundial.
Ante la eventualidad de tener que abrir el Palacio de Congresos para no perder el IDA World Congress, que había costado tres años de mucho esfuerzo captar para Gran Canaria en Indonesia, el consejo acordó solicitar al Ayuntamiento un permiso de apertura en precario, y en concreto una autorización para espectáculo público.
Sin embargo, se supone que por un malentendido, el Gobierno tramitó ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una solicitud de licencia provisional de apertura, que los técnicos municipales tramitaron como tal. Es decir, abrieron un expediente y lo enviaron al Cabildo para el preceptivo informe de actividades clasificadas.
De este modo, cuando llegó el día de la inauguración no existía permiso provisional ni autorización para espectáculo público sencillamente porque nadie lo había solicitado. Estas circunstancias no evitaron, sin embargo, que se presentara allí el presidente del Gobierno para presidir los actos inaugurales. Junto a él, acudieron a la inauguración el presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Pérez; el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop; el ministro de los Emiratos Árabes Mohammed Saeed Al Kindi, y el presidente de la International Desalination Association (IDA), el canario José Antonio Medina.
Conocida la carta de Rita Martín, consejera de Turismo, ordenando el cierre del Palacio de Congresos y, obviamente, el desalojo de los 2.000 asistentes, fue el Cabildo de Gran Canaria quien tomó las riendas de la crisis, localizó a la alcaldesa de San Bartolomé, Mari Pino Torres, y logró un permiso provisional que evitara el escándalo y el ridículo internacionales.
Se da la circunstancia de que hasta el momento de su cierre para obras de remodelación y de adaptación a las medidas de seguridad, el Palacio de Congresos de Maspalomas acogió centenares de congresos, conciertos y actos públicos sin contar con licencia alguna.
El Congreso Mundial de Desalinización contaba con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, que lo subvencionó con 500.000 euros, y del Gobierno de Canarias, que aportó 40.000 procedentes de varias consejerías. Expertos en turismo consultados por este periódico aseguraron que este congreso dejó de beneficios para Gran Canaria en torno al millón y medio de euros de modo directo gracias a los gastos generados por los congresistas y sus acompañantes.
