Visto bueno a la reforma de la ley de cajas de ahorro
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por 46 votos a favor y ninguno en contra el informe favorable -de conformidad al artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía- al Real Decreto Ley de modificación de los órganos de gobierno y de reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros, y que entre otros aspectos, busca la profesionalización de la gestión de estas entidades.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que permitirá a las cajas emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones, por un importe no superior al 50% de su patrimonio.
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, explicó que entre los objetivos del texto está el de mejorar el actual modelo y recalcó que se producen modificaciones “importantes”. Apostilló aquí que se da una “mayor profesionalización” de las cajas.
Soria detalló en la sesión plenaria que se prolongó durante 34 minutos y a la que no asistió el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que el Real Decreto viene a “clarificar” los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Puntualizó que se minimiza el impacto fiscal de las mismas y concluyó que “el proceso de integración no se vea frenado por el coste fiscal”.
“El Gobierno de Canarias es favorable sobre los aspectos fiscales del Real Decreto”, expuso el consejero que también aprovechó para plantear que “la crisis financiera ha hecho inexcusable el proceso de consolidación financiero”.
El consejero de Economía también destacó que a partir de ahora los órganos de gobierno de las cajas no responderán ante la administración, “ni a partidos políticos”. “Ya no será posible que el gestor realice acciones fraudulentas porque serán los órganos de gobierno los que velen por una recta administración”, argumentó para apostillar que “también se establece la incompatibilidad de altos cargos”.
Soria recalcó a pesar de esto que la reforma “llega tarde”. Recordó que desde hace dos años el Ejecutivo regional “viene reclamando una reforma de la ley de cajas”. Expuso que si se hubiera llevado a cabo no habría retenciones de crédito y no habría habido ajustes de plantillas en empresas. “No importa que sea fruto de las circunstancias, por fin hay un nuevo marco”, finalizó.
Modificación oportuna
El diputado del PSOE, Blas Trujillo, también se mostró favorable al informe. Expuso que la reforma se sustentaba en la crisis del sistema financiero internacional. Expuso que si la crisis era del sistema pasaba por mejorarlo. Aborda según detalló los procesos de reestructuración por integraciones o fusiones.
Tildó aquí de “estéril” el debate sobre si llega tarde. “Es necesario y oportuno”, zanjó el socialista que recordó que “llega con una base de consenso con el PP en las Cortes y con los gobiernos autonómicos y del sector financiero y las cajas de ahorro (CECA)”. Afirmó que para su partido no llega tarde y planteó que el Ejecutivo regional fue incapaz en la pasada legislatura de modificar las leyes financieras.
Aquí aprovechó para dejar sobre la mesa que el Real Decreto establece un plazo para trasponerlo a la normativa regional. Exigió al consejero que la realice al tiempo que afirmó que su grupo hará un trabajo “serio y riguroso” para conseguir la unanimidad en esta materia.
Por su parte, el diputado del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, dijo que su partido entiende que el informe que debe emitir el Parlamento tiene que ser favorable por diversas consideraciones, ya que es una modificación positiva y expansiva porque extiende los beneficios del régimen especial. A su juicio persigue el loable propósito de la neutralidad derivada de la reestructuración del sistema y la profesionalización de las cajas.
Por último, el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, expuso que se ha dado un proceso confuso, pero sin duda “necesario”. Aquí esperó que no se produzcan “traumas” en cuanto a pérdida de empleos en el archipiélago.
El informe destaca que el Decreto busca la capitalización de las cajas y la profesionalización de la gestión y de los órganos de gobierno. Añade que se da más seguridad jurídica a los SIP. De igual forma subraya que afecta a los impuestos sobre sociedades, contempla exenciones en el ámbito del ITP-AJD de los aspectos contractuales que se realicen entre las entidades que conformen el SIP; y al IVA.
Asimismo y sobre la incidencia en el REF, asegura el documento que “no existen inconvenientes sustanciales en las modificaciones propuestas por la idoneidad de las mismas”.
