Más de 2.000 viviendas podrían construirse en suelo rústico
La posibilidad de construir viviendas de protección en suelos rústicos contiguos a áreas urbanas, una opción posible desde la modificación de la Ley de Vivienda aprobada hace un año, aún no se ha materializado, pero ha habido consultas que podrían suponer la edificación de unas 2.205 casas.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, dio estos datos en una comparecencia en comisión parlamentaria y dijo que su departamento ha recibido consultas de la empresa pública Gestur y de la iniciativa privada para acogerse a este nuevo procedimiento en áreas de Gran Canaria y de Tenerife, pero aún no se ha materializado ninguna nueva iniciativa.
Las consultas de Gestur podrían suponer si se concretaran en actuaciones unas 2.150 viviendas, mientras que por parte de promotores privados alcanzarían las 555, según los datos aportados por el consejero.
La modificación legal aprobada por el Parlamento prevé un procedimiento rápido de reclasificación del suelo rústico contiguo a suelo urbano siempre que al menos el 20% se destine a vivienda de protección, con el límite del 50%.
Pero cualquier cambio en la calificación del suelo, así como el desarrollo del planeamiento municipal, necesita de una nueva evaluación ambiental, y eso ha podido retrasar la presentación de planes acogidos a esta nueva posibilidad legal, en opinión del consejero.
Domingo Berriel dijo que esta legislación es provisional, porque una vez que se concluya la adaptación de los planeamientos municipales a la legislación sobre el territorio, el 25% de las viviendas en los suelos urbanos y urbanizables será de protección y por tanto “habrá suelo suficiente”.
“La disponibilidad de suelo dependerá de que los ayuntamientos tramiten los planes generales adaptándolos a la legalidad vigente”, dijo el consejero.
Reacciones
El diputado Manuel Fernández, del PP, grupo que había pedido la comparecencia del consejero, consideró que la iniciativa privada solamente promoverá viviendas de protección si se desarrollan incentivos suficientes.
Anselmo Pestana, del grupo Socialista, propuso un aumento por encima del 10%, hasta el 20 o el 25%, en la cesión legal a los ayuntamientos, con el fin de que no dejen de desarrollarse viviendas de protección por parte de la iniciativa privada.
El diputado de Coalición Canaria José Miguel Barragán consideró que la nueva legislación está contribuyendo a que el suelo no suponga más del 15% del valor de la vivienda protegida, que debe ser el objetivo de la política de vivienda.
Agregó no obstante que para ello es necesaria la colaboración y la implicación de los ayuntamientos, y no todos desarrollan una apuesta decidida en esa línea.
