Más muro arancelario para proteger lo local

El Gobierno de Canarias ha planteado hace poco que el muro arancelario llamado AIEM (Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías, un recurso fiscal indirecto recogido en el REF que la Comunidad Autónoma utiliza como instrumento para encarecer las importaciones y así proteger sus producciones locales respecto a las foráneas, y también de camino hacer caja) se eleve en algunos casos para hacer más difícil su escalada y con ello trasladar un cierto alivio competitivo a las labores agroacuícolas que se desarrollan en el Archipiélago, entre otras actividades locales, pues aquel además contribuye a la práctica de la misma función en defensa de la industria transformadora radicada en las Islas.

La propuesta de modificación del AIEM (un impuesto estatal de aplicación exclusiva en las Islas que grava un listado de mercancías con origen en el exterior), que ya aprobó el Ejecutivo autonómico a finales de mayo pasado, no será de aplicación hasta que la Unión Europea (UE) le dé el visto bueno definitivo (a través de una Decisión del Consejo), para lo que el camino a seguir, como siempre ocurre, es cursar el trámite de reforma a través del Gobierno de España, en este caso previo conocimiento por parte del Parlamento regional.

Desde Madrid, desde el Estado miembro, llegará a estancias comunitarias en Bruselas, donde, de ser bien visto, incluso en los términos redactados por el Gobierno regional, se abrirá la puerta a su aplicación segura, siempre previo aval de la UE (tras la convalidación por el Consejo Europeo y la modificación inducida del REF), a partir del 1 de enero de 2021 y por el periodo de siete años; esto es, en el nuevo septenio presupuestario de la UE: 2021-27.

Tal y como ha reconocido la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (el departamento autonómico que se ha encargado de negociar con los agentes económicos involucrados -productores e importadores- la relación de productos a gravar y los tipos impositivos aplicables en la etapa 2021-27), el procedimiento ya lanzado desde Canarias se justifica por la necesidad de obtener una nueva autorización por parte del Consejo Europeo para prolongar la vigencia del AIEM hasta 2027, con nuevos productos fiscalmente encarecidos a su entrada en Canarias y con algunos cambios en los tipos impositivos dentro de los umbrales aceptados del 5 al 15%.

Esa aprobación hay que tenerla antes del 31 de diciembre de este año, previa comunicación al Gobierno de España y con la consiguiente negociación en el seno de la Comisión Europea, antes de recibir el plácet del Consejo. Además, se debe dar cuenta previa del proceso al Parlamento de Canarias, al tratarse de un asunto incluido en el REF. Y todo esto para tener un nuevo AIEM, de estreno al menos parcial, con el objeto de que realice mejor su función, la protección del producto canario, en el septenio 2021-2027.

Ese es el plan a seguir que ha tenido como hito relevante de partida el mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno de mayo pasado. Antes de que esa propuesta se elevara al Consejo, Hacienda ya había sometido un borrador a la participación de las consejerías implicadas, Economía y Agricultura, y de los sectores productivos involucrados, en cuyo proceso se obtuvo el respaldo de las principales organizaciones profesionales agrarias y de la patronal industrial de Canarias (Asinca), entre otras instituciones privadas y públicas.

Tras esas consultas y las reuniones interdepartamentales en el seno del Ejecutivo canario, la Consejería de Hacienda elaboró una propuesta, la finalmente aprobada por el Gobierno de Canarias, que integra 156 productos, 22 más que los existentes en la actualidad (en el AIEM vigente) y entre los que se hallan 42 que son nuevos. En cambio, se anulan 20 presentes en la relación hoy aplicada.

El nuevo AIEM, si resulta aprobado como desea Canarias, gravará la importación de 67 productos del grupo de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, la ganadería y la acuicultura (las actividades que interesan en este análisis, entre las que se encuentran papas, carnes, quesos, flores, productos hortícolas y frutícolas, doradas y lubinas); cuatro, de minas y canteras; 13, de materiales de construcción; 34, de química; 12, de industrias metálicas; uno, de tabaco; tres, de textil, cuero y calzado; seis, de transformados de papel, y tres, de artes gráficas.

La propuesta canaria además mantiene sin cambios los tres tramos impositivos actuales (5, 10 y 15%), que son los niveles posibles de esfuerzo fiscal aplicables a las importaciones según el valor facturado de las mercancías a su entrada en las Islas, y esto lo hace en defensa del sector primario y de la industria de las Islas. También como recaudación fiscal indirecta contemplada en el REF que luego se utiliza para financiar la Comunidad Autónoma y las administraciones insulares y locales, pues ese impuesto participa en el llamado Bloque de Financiación Canario, junto al IGIC, entre otros tributos. El AIEM permitió ingresar unos 138 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria Canaria para el ejercicio de 2019.

El objetivo de esa figura fiscal (nacida en 2002) no es otro que ponérselo más difícil a la importación en el mercado canario y de camino hacer caja por el Tesoro autonómico. La producción local de tipo industrial, agroganadera, acuícola y alimentaria en general, según sostiene Hacienda, “necesita protección a través del AIEM para poder competir en mejores condiciones con los artículos similares importados a muy bajo coste”. Esta imposición fiscal “no influye en el precio de la cesta de la compra en las Islas”, como se concluye en el estudio de impacto económico elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. En este trabajo técnico, se asegura que el IPC canario ha sido siempre inferior a la media estatal desde que se notificó por primera vez a la UE el AIEM, lo que ocurrió, como ya se ha dicho, en 2002.

Con el trabajo ya realizado en las Islas, ahora queda que se consolide esta reforma tributaria en el Consejo Europeo, con pocos o muchos cambios en la propuesta española (la que se eleva a Bruselas a partir de la canaria), y que la medida fiscal de freno o encarecimiento de las importaciones para proteger las producciones locales agrarias, acuícolas e industriales surtan efecto.

Por ahora, que todo hay que decirlo, ese arancel no se ha hecho notar en el crecimiento o mantenimiento de la participación de los sectores primario e industrial en el Producto Interior Bruto (PIB) canario, donde ambos grupos de actividades adelgazan en los últimos años, aunque siempre quede el consuelo bien socorrido de afirmar que sin el AIEM todo hubiese sido peor. Y seguro que así mismo puede ser, pero lo cierto hoy en día es que con esa medida fiscal, más otras de apoyo público directo de gran relevancia y financiación exclusiva de la UE, como el Posei comunitario (también está el Posei adicional, que paga el Estado, con unos 15 millones al año) y el REA de uso agroindustrial, por ahora no basta.

Algo seguimos haciendo regular, quizá mal o muy mal. A ver si somos capaces de darnos cuenta, que la caída parece que no tiene fin. Es lenta, vale, pero siempre la curva desciende. Es lo que ocurre desde hace ya algún tiempo.

*Artículo publicado en la edición del primer trimestre de este año de la revista canaria Agropalca