El juez del caso 'Unión' levanta parcialmente el secreto de sumario
Dos encarcelados y más de 35 imputados es el balance de la investigación
ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)
El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha levantado parcialmente el secreto de sumario correspondiente a las diligencias previas de la supuesta trama de corrupción urbanística y de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote, denominada 'Operación Unión', “hasta el día de hoy, sin perjuicio de que determinadas actuaciones y documentos sigan secretos”, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
El caso, que tiene ramificaciones en Arrecife y en otros municipios como Yaiza, arrancó el 25 de mayo y ha dejado por el momento dos personas encarceladas y más de 35 imputados, según datos recogidos por Europa Press. De los 20 detenidos en la operación, siete de ellos ingresaron en prisión, aunque permanecen en la cárcel el empresario Luis Fernando Lleó y el ex presidente del Cabildo y fundador histórico del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín.
Esta operación, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, se dividió en dos fases: la primera, relacionada con el cobro de comisiones ilegales a empresarios en Arrecife y la manipulación del Plan General de la ciudad. La segunda, el ofrecimiento por parte de un empresario de comisiones presuntamente ilegales a varios miembros de la Cámara de Comercio a cambio de adoptar decisiones en beneficio de sus intereses económicos y supuestos delitos urbanísticos en el municipio de Yaiza.
EN PRISIÓN
Actualmente, sólo quedan dos personas en prisión --en la cárcel Tenerife II--, los considerados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los cabecillas de la trama. Dimas Martín, que está acusado de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y uso de información privilegiada; y el empresario Luis Lleó, imputado por supuesto cohecho. El resto fueron puestos en libertad progresivamente, todos con cargos.
La primera fase de la 'Operación Unión' comenzó el 25 de mayo con el registro del Ayuntamiento de Arrecife y la Oficina Técnica a cargo de los agentes. Tras un año de investigación, el intercambio de 100.000 euros en una cafetería del centro de Arrecife se convertía en el pistoletazo de salida de la operación.
En esta primera fase se detuvo a 18 personas, sin contar al presidente honorífico del Partido de Independientes de Lanzarote, Dimas Martín, que ya se encontraba en la cárcel cumpliendo condena de ocho años de prisión por malversación de caudales públicos y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social por el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise.
De los arrestados, cinco ingresaron en prisión por orden del juez Pamparacuatro. Tres eran miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL): el concejal de Urbanismo Ubaldo Becerra, acusado de cohecho; el concejal de Economía José Miguel Rodríguez, acusado de cohecho y asociación ilícita; y el asesor del Patronato de Turismo Matías Curbelo, que supuestamente está relacionado con el intercambio de 100.000 euros que inició la operación, y que también está acusado de cohecho.
También ingresó en prisión el veterano militante socialista y ex vicepresidente del Cabildo Segundo Rodríguez, acusado de cohecho.
EN LIBERTAD
Además de estos siete encarcelados por las dos fases de la operación también se detuvo a 13 personas que quedaron en libertad progresivamente, todas ellas con cargos. La primera en salir era Elena Martín, hija de Dimas Martín y jefa de Contratación en el Ayuntamiento de Arrecife, que quedó en libertad con cargos que no han sido confirmados oficialmente.
A María José García Acosta, propietaria del importante grupo mediático Agustín Acosta, se le acusa de presunto cohecho y tráfico de influencias. A Dayrán Muñoz, presidente de las Juventudes del PIL y persona de confianza de Matías Curbelo, Alfredo Rodríguez, trabajador del Patronato de Turismo y persona relacionada con el PIL, y Jorge Álvarez, gerente de la empresa de limpieza Clusa --que hasta hace meses gestionaba el vertedero de Zonzamas-- se les imputa también el presunto delito de cohecho.
También quedó libre el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, acusado de supuestos delitos de actividad prohibida a funcionario y revelación de secretos.
Tras declarar ante la Guardia Civil, el juez César Romero Pamparacuatro imputaba también al arquitecto Carlos Morales, esposo de la princesa Alexia de Grecia, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.
Además, el magistrado imputaba igualmente a los arquitectos José María Pérez Sánchez y Víctor Sánchez Martín sendos delitos de tráfico de influencias y alteración de precios en concurso. Ambos estarían relacionados con las supuestas irregularidades detectadas en el concurso para la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, según fuentes de la investigación.
LA II FASE
Tres días después del registro del Ayuntamiento de Arrecife, los agentes de la UCO hacían lo propio con el Consistorio de Yaiza. La segunda fase de esta operación dejaba nueve detenidos y dos empresarios ingresados en la cárcel: Luis Lleó, considerado por los agentes de la UCO el cabecilla de la segunda fase de la 'Operación Unión', y Fernando Becerra, miembro de la Cámara de Comercio y hermano de Ubaldo Becerra, que ahora se encuentra en libertad.
Lleó podría haber ofrecido comisiones presuntamente ilegales a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios empresarios, vocales del Pleno de la Cámara de Comercio, a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos.
De los nueve arrestados, ocho eran empresarios y un único funcionario, el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé, acusado de presunto cohecho.
Los empresarios detenidos en esta segunda fase fueron Antonio Gómez Ruiz, hijo de la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas Chani Ruiz, Fermín Curbelo, propietario de la constructora Curbelanz, el tesorero de la Cámara de Comercio, Eugenio Romero, el propietario de una empresa de fontanería en San Bartolomé, Jesús Manuel Martín Brito, y el constructor Manuel Gregorio Reina. Todos ellos están acusados de supesto cohecho.
DOS CASOS INDIRECTOS
A raíz de las investigaciones de la 'Operación Unión', afloraron otros casos de presunta corrupción. El primero, relacionado con el Teatro Insular, que afectaba a dos socialistas: el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, y el consejero de Cultura del Cabildo, Rubén Placeres. Ambos están acusados de prevaricación por haber dejado que se celebraran actos en el Teatro Insular a pesar de que éste no tenía licencia de apertura ni todas las garantías de seguridad necesarias.
Otro de los casos indirectos ha sido el de la concesión de una estación de servicio en un terreno que no era apto para ello. Aquí están imputados el ex alcalde de Yaiza Honorio García Bravo y su hijo, miembro de la Cámara de Comercio y delegado de Radio Televisión Canaria en representación de CC, Honorio Nicolás García Bravo, así como el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo. Los tres están acusados de tráfico de influencias.
Además, fueron imputados por la Guardia Civil por casos derivados de la 'Operación Unión' la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, el vicepresidente primero del Cabildo e hijo de Dimas Martín, Fabián Martín, y el portavoz de CC en el Ayuntamiento de Yaiza y ex teniente de alcalde, Leonardo Rodríguez.
