La juez del 'caso Unión' ordena separar las piezas relacionadas con el empresario Luis Lleó

La juez titular del Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, Lucía Barrancos, dictó un auto el pasado lunes por el que ordena separar dos de las piezas investigadas en el macrosumario de Unión: la que dio pie a la investigación, que tiene que ver con el intento de soborno de empresario Luis Lleó a Carlos Espino para eliminar las trabas administrativas de un solar en Playa Blanca, llamado Costa Roja; y el intento de venta por parte del mismo empresario de un edificio de su propiedad, La Marina de Naos, a la Cámara de Comercio de Lanzarote.

La juez hace referencia a la petición de la Fiscalía, de mayo de este año, de llevar a cabo una tramitación separada de estas dos piezas. Señala el auto que “fragmentar el proceso favorece el enjuiciamiento, simultáneo o sucesivo, de diferentes hechos acelerando la tramitación de la causa”.

Respecto a la trama de Costa Roja, se investiga el ofrecimiento del empresario Fernando Becerra, como intermediario de Lleó, de una comisión al entonces consejero de política territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, por desbloquear las trabas administrativas sobre una gran parcela de terreno en la que se planeaba construir mil viviendas, y que había sido paralizada por orden judicial. Espino denunció y se inició así la investigación del caso.

En el auto se señala que Lleó “habría designado para negociar con Carlos Espino a Fernando Becerra, quien mantiene varias reuniones con Espino en la que le ofrece de forma completamente explícita comisiones presuntamente ilegales a cambio de facilitar la realización del proyecto del Residencial Costa Roja en Yaiza”. Se acusa de cohecho tanto a Lleó como a Becerra

La otra pieza es la de La Marina de Naos, un edificio en construcción en la Vía Medular de Arrecife, que es propiedad de Luis Lleó. El empresario quería vender una planta a la Cámara de Comercio de Lanzarote y el edificio entero al Gobierno de Canarias por 14 millones de euros. En esta pieza están imputados, además de Lleó y Becerra nuevamente, Honorio Nicolás García-Bravo y Eugenio Romero, por otro delito de cohecho. Estos tres últimos eran miembros del pleno de la Cámara de Comercio y habrían servido como intermediarios. Lleó intentó recabar apoyos en el pleno de la Cámara, principalmente el de García-Bravo, pero también de Eugenio Romero, tesorero de la Cámara. Las comisiones que iban a recibir oscilaban entre los 500.000 y los 600.000 euros

Según el auto, “Luis Lleó también habría recurrido a Honorio Nicolás García-Bravo, para que intentase favorecer sus intereses en relación con la venta del edificio, por una parte convenciendo a los vocales del pleno de la Cámara de Comercio de Lanzarote y creando en el seno de la misma una comisión negociadora, y por la otra haciendo gestiones a través del Director General de Comercio de Canarias, Arturo Cabrera González, el cual pudiera haber mantenido conversaciones con una persona llamada Montesdeoca, que pudiera ser Paulion Montesdeoca De la Guardia, en ese momento Director General de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Por la realización de todas estas gestiones por parte de Honorio Nicolás, Luis Lleó podría haberle ofrecido la venta en condiciones ventajosas de una de las gasolineras que tiene en la zona de Playa Blanca, y cuyo destinatario final pudiera ser al parecer su padre Honorio García-Bravo”.

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