El defecto del Boeing que se estrelló en Barajas “persiste en 1.100 aviones”

Los letrados que han abierto la primera causa civil en España contra Boeing por el accidente de Spanair confían en conseguir que la empresa aeronáutica se enfrente a sus “peores miedos” y que “todo el mundo sepa que conocía el problema” del avión MD-82 y “no hizo nada por evitarlo”.

En una rueda de prensa que han ofrecido en nombre de las siete familias de víctimas de ese accidente que sustentan esta demanda en los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, el letrado Iván de Miguel ha sostenido que en los seis años transcurridos desde el siniestro, Boeing se ha “escondido” detrás de las aseguradoras, algo que ya no podrá seguir haciendo, porque tendrá que “dar la cara y salir a primera línea”.

De Miguel ha señalado que Boeing debe responder de los daños causados porque el avión MD-82 que se estrelló tenía un defecto de fabricación que conocía como fabricante, a raíz de la investigación del accidente de otro aparato del mismo modelo que se estrelló en Detroit (EEUU) en 1987, un fallo que nunca llegó a resolver.

Los demandantes sostienen que ese defecto persiste en los alrededor de 1.100 aviones de ese mismo modelo que siguen operativos, por lo que podría repetirse un accidente similar si se dieran las condiciones que ocurrieron en Detroit y Barajas.

Así mismo, afirman que pueden demostrar que una compañía aérea que ya ha desaparecido -cuyo nombre no ha revelado- corrigió en cuatro aviones ese fallo para que no se volviera a producir.

Este colectivo de afectados mantiene además que un fabricante de la importancia de Boeing solo reacciona si se le ataca “donde más le duele, el bolsillo”, por lo que en su demanda piden a la Justicia española que fije las indemnizaciones en 56 millones de dólares (unos 41,5 millones de euros), aplicando la legislación de EEUU.

De Miguel ha invitado al resto de afectados por el vuelo JK5022 a que se sumen al procedimiento, para el que afirman que cuentan con “pruebas irrefutables”, y ha advertido de que queda poco tiempo para ello, pues el próximo mes de agosto vence el plazo para presentar acciones legales contra la compañía.

Así mismo, ha asegurado que el pleito no generará ningún gasto a los demandantes, pues el cerca de millón de euros que el procedimiento puede costar es asumido por los cinco bufetes de abogados que están presentes en la causa, cuatro estadounidenses y uno de Tenerife, que asumirían las pérdidas en caso de que no prospere y cobrarían un 20% de las indemnizaciones, si tienen éxito.

De Miguel ha informado de que también representan a estas siete familias en una demanda contra Mapfre, que es independiente de la de Boeing, ya que consideran que debe responder como aseguradora de Spanair tras demostrarse que los pilotos cometieron un fallo.

El letrado español también ha criticado la actitud “evasiva” de Mapfre en el proceso, así como los contratos que se han visto obligados a firmar los afectados que no han podido esperar a las resoluciones judiciales sobre esta cuestión y han aceptado su oferta.

Según De Miguel, en esos acuerdos, Mapfre exige a los afectados renunciar a emprender cualquier otra reclamación contra otras partes implicadas en el accidente, incluida Boeing.

Estos letrados han precisado que, con esta demanda contra Boeing, sus clientes no aspiran a reabrir la causa penal que se archivó en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.

Sin embargo, estos abogados no descartan que, si prueba que hubo negligencia por parte del fabricante del avión, la Fiscalía pueda pedir que se retome el caso.