La Justicia libia revoca las condenas a muerte contra las enfermeras búlgaras
Sin embargo, todavía queda por determinar el procedimiento que se seguirá para que las enfermeras y el médico puedan ser extraditados a Bulgaria, en virtud del tratado de extradición que firmaron los gobiernos libio y búlgaro.
Medios diplomáticos occidentales en Trípoli informaron de que el detonante de la decisión del ACJ se produjo la tarde de este martes, cuando las familias de los niños anunciaron que dejaban de reclamar la ejecución de las penas capitales. Las familias tomaron esta decisión después de haber recibido cada una de ellas la suma de un millón de dólares, gracias a la mediación llevada a cabo por la Fundación humanitaria Gadafi.
La Fundación, dirigida por Seif el Islam, uno de los hijos de Gadafi, al que se considera su heredero político, medió entre las familias y los representantes del fondo internacional creado en 2005 por Bulgaria y otros países europeos para asistir a Libia en la lucha contra el sida. El pago de la llamada “deuda de sangre” facilitó la revocación de las penas de muerte y las enfermeras Kristiana Valtcheva, Nasia Nenova, Valentina Siropulo, Valia Tcherveniachka y Snejana Dimitrova, y el médico Achraf Yumaa esperan ahora poder abandonar Libia, aunque la fecha está aún por determinar.
Movilización diplomática
Los cooperantes fueron procesados en dos ocasiones y condenados a la pena capital por tribunales ordinarios, pese a los testimonios de varios expertos médicos que atestiguaron que la contaminación de los niños obedecía a las deficientes condiciones sanitarias del centro pediátrico de la ciudad de Bengasi. En diciembre de 2005, el Tribunal Supremo aceptó la revisión del caso, pero en el juicio celebrado en diciembre del año siguiente se confirmaron las penas de muerte.
El 11 de este mes, el Tribunal Supremo dictaminó en el proceso en apelación formulado por los defensores de los cooperantes y volvió a ratificar las condenas. El único recurso que les quedaba a las enfermeras y al médico era el Alto Consejo de Justicia, un organismo que depende del Ministerio de Justicia y atiende a consideraciones políticas, con capacidad para confirmar, revocar o modificar las condenas del Tribunal Supremo.
En junio pasado, la Comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, y el ministro alemán de Exteriores, Frank Walter Steinmeir, negociaron en Trípoli y en la también ciudad libia de Sirte una solución al caso, entrevistándose con una representación de las familias y visitando a las enfermeras en la cárcel. La UE propuso asistir a Libia financiando un centro especializado en el tratamiento del sida en Bengasi y acogiendo en su territorio a los niños para darles el tratamiento necesario de forma gratuita.
Los familiares insistieron este martes también en solicitar del Gobierno de Trípoli que permita la utilización de las indemnizaciones para pagar la atención médica de los niños en centros extranjeros. Los Estados Unidos ya se habían ofrecido a acoger a varios de los niños en sus hospitales universitarios y España, en una declaración hecha en Bruselas por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, también se ofreció a recibir a los niños.
“Complot sionista”
El caso pasó por varias fases de tensión, debido a que Libia lo rodeó de consideraciones políticas y llegó a decir que las enfermeras y el médico habían sido los “instrumentos” de un complot internacional “urdido por el sionismo”. Trípoli calificó lo ocurrido en el centro de Bengasi como “el mayor crimen de su historia” y alentó a las organizaciones populares del país a llevar a cabo, junto a las familias, varias movilizaciones para criticar los llamamientos a la clemencia hechos por diversos países.
El presidente estadounidense, George W. Bush, fue uno de los primeros en pedir a Gadafi que el caso se resolviera de forma clemente, pero su petición recibió como respuesta “que no se mezclara en ese problema”, según informó la agencia de prensa libia Jana. Los cooperantes tuvieron también que firmar una petición de perdón y la promesa de que no reclamarán del Estado libio daños y perjuicios por los años pasados en prisión.
