La división social y las expectativas marcan el camino de la legalización del cannabis en Uruguay

“Partimos de la base de tres problemas preexistentes”, argumenta Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Gobierno de Uruguay. El más acuciante tiene que ver con la salud pública. “Es indudable que el uso de las drogas ocasiona graves problemas de salud; y la mejor manera de atajarlo es con un estricto control por parte del Estado”, añade. El otro gran asunto a resolver es “la incongruencia legal que se produce cuando a partir de 1974 se despenalizó el consumo”. “Que consumir sea legal, pero que conseguir el cannabis no lo sea simplemente no es lógico. Cuando obligamos al consumidor a acudir al mercado negro convertimos el acto legal de consumir en algo ilegal y esto es una incongruencia”.

Y el tercero es una mera cuestión de dinero. “El narcotráfico es una actividad delictiva cuya razón de ser es económica. Y combatirlo exclusivamente con herramientas penales o punitivas no ha dado ningún resultado. Lo que queremos hacer es mantener los mecanismos legales de control, persecución policial y vigilancia aduanera e implementar nuevas herramientas para crear un mercado legal, controlado y regulado por el Estado. Esto nos va a permitir luchar contra el problema del narcotráfico desde otra perspectiva”, avanza Calzada.

El pasado mes de diciembre, el Senado de la República de Uruguay refrendaba, con 16 votos a favor, la ley que deja bajo el control del estado la producción, distribución y venta de la marihuana. Hay reacciones y opiniones para todos los gustos: algunos hablan de hito; otros de audacia, muchos de incongruencia y hay quien advierte de futuras consecuencias funestas para la juventud de este pequeño país de 3,4 millones de habitantes. Según datos del gobierno de la República oriental, unos 150.000 uruguayos son consumidores habituales de Cannabis. En diciembre de 2014, la sustancia estará a disposición de los ciudadanos en las farmacias del país.

Una regulación exhaustiva

Las reglas están claras. La ley establece límites precisos para el consumo de cannabis que, en ningún caso, puede tener una concentración de tetrahidrocannabinol (o THC, compuesto químico psicoactivo presente en la planta) superior al 15%. Los interesados, mayores de 18 años y con residencia legal en el país, tendrán que inscribirse en un censo y no podrán consumir más de 40 gramos al mes. El cannabis se comprará en las farmacias en dosis de 10 gramos semanales a un precio estimado de 22 pesos uruguayos (unos 0,70 euros). Los auto cultivadores podrán plantar un máximo de seis plantas con una producción anual límite de 480 gramos. Otra posibilidad para el acceso al consumo legal es formar parte de un club que deberá tener un mínimo de 15 socios y un máximo de 45. Estas asociaciones de fumadores tendrán un máximo de 99 plantas y la producción no podrá exceder los 480 gramos por socio al año.

El reglamento, desarrollado por la Junta Nacional de Drogas, también prevé un capítulo disciplinario que prevé sanciones en el caso de conducción o acudir al trabajo bajo los efectos de la marihuana, entre otros casos. Cualquier uso, producción o distribución ajena a este control estatal será considerado delito. Este “experimento”, tal como lo definió el presidente uruguayo José Mújica, está lejos de contar con el consenso social. Diferentes encuestas publicadas en los últimos meses aseguran que entre el 60 y el 64% de la población del país está en contra de la despenalización del Cannabis, aunque un 51% de los encuestados también reconoce que hay que “ver lo que pasa” antes de tomar la decisión de derogar la norma. Discrepancias dentro y fuera de las fronteras del país. El Organismo de Control de Drogas de la ONU recordó que la decisión del gobierno uruguayo contradice los propios compromisos sobre la lucha contra el narcotráfico firmados por el país; la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes critica que la ley viola los tratados internacionales y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen recuerda al gobierno charrúa que se ha comprometido internacionalmente a luchar contra el narcotráfico.

“El Gobierno no ha aprovechado el periodo de prosperidad económica más importante que ha tenido el Uruguay para arreglar temas tan importantes como la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana: ante esta situación, ha tenido que buscar una distracción para que la gente se mantenga ocupada con las cosas que no importan”, mantiene Pablo Iturralde, diputado y portavoz del opositor Partido Nacional en la Comisión de Adicciones. Según Iturralde, el gobierno del Frente Amplio no ha tenido en cuenta ni la opinión de la ciudadanía ni la de los médicos a la hora de tomar esta polémica decisión.

Una comisión integrada por facultativos de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay emitió un informe en el que se advierte de que “el inicio precoz de marihuana aumenta el riesgo de consumo problemático y puede dar alteraciones tanto en la esfera cognitiva como en lo psicológico y social”. En todo caso, los médicos reconocen que la política de prohibición ha fracasado y que “desarrollar una política nacional y a su vez efectiva sobre el cannabis es un desafío, y desde una perspectiva de la salud pública, la misma debe ser tal que permita alcanzar los beneficios de minimizar el daño causado por el consumo de drogas, legales e ilegales, al tiempo de reducir los costos sociales de políticas prohibicionista”.

Y ahí está el principal punto del debate. ¿La legalización promueve el consumo? Según Iturralde, sí. “A los muchachos jóvenes es muy difícil explicarles que el consumo de drogas causa problemas muy graves; legalizar la venta de la marihuana en las farmacias, que es el lugar donde se supone que uno adquiere los remedios para su salud, es invitar a los jóvenes a que consuman si están aburridos. Estos no son los mecanismos adecuados. Yo no creo en las prohibiciones, ni en los castigos. Pero otra cosa es ir de la prohibición a la promoción. Esta ley promueve el consumo de la marihuana, y entre un extremo y otro hay mil caminos para ir por el medio”.

Para otros actores de la polémica, la clave del futuro de la ley pasa por la educación. Pablo Vaz es portavoz de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y defensor a ultranza del texto. La asociación se ha convertido en uno de los pilares de apoyo a la medida del Gobierno uruguayo y defiende que la legalización tendrá como consecuencia más destacada el fomento de un consumo meditado y moderado. “La experiencia nos dice que no es el control lo que produce consumidores más responsables, sino la educación. Suponemos que ahora, cuando los usuarios vayan a buscar la sustancia a un lugar legal, van a disponer de esa información. Lo primero es contagiar buenas prácticas de consumo, algo que ya hacemos en la asociación y en los clubes”.

En este sentido, la hoja de ruta gubernamental prevé el diseño de un plan de lucha contra la drogadicción en sentido amplio que tendrá como base financiera a la propia producción de Cannabis. Según Julio Calzada, en un plazo corto de dos o tres años la distribución y venta legal de cannabis generará los recursos necesarios para financiar este plan. “Todo lo que se recaude va a estar destinado en su totalidad a la financiación del Instituto de Regulación y Control. Y ese dinero se utilizará para pagar programas de prevención, reinserción y de desintoxicación de drogodependientes. Vamos a trabajar en campañas de educación y lo primero y prioritario es promover el uso responsable del Cannabis entre los consumidores”, declara Julio Calzada.

El efecto góndola

El efecto góndolaUno de los objetivos fundamentales de la ley es reducir el consumo de drogas más duras. Y como ejemplo, el secretario general de Drogas del Uruguay pone a Holanda. Según Julio Calzada, la legislación del país europeo tuvo efectos inmediatos en el consumo de otras drogas más perjudiciales y peligrosas. “Los resultados fueron muy positivos y se puso de manifiesto con la disminución de transmisión de enfermedades a través del consumo de heroína”, explica. Estos datos se han convertido en uno de los argumentos esgrimidos por los partidos que forman el Frente Amplio a la hora de defender la ley. “No esperamos una reducción de consumo de marihuana. Lo que sí esperamos es que se reduzca el consumo de otras sustancias más duras que muchos adquieren por lo que se conoce como efecto góndola”, mantiene el diputado socialista Nicolás Núñez.

“Cuando muchos van a comprar marihuana y no hay, terminan comprando otras cosas como la heroína o el ‘paco’ (pasta de cocaína) que les ofrecen las redes de narcotráfico. Estimamos que la ley tendrá como consecuencia inmediata la estabilización del consumo de marihuana y una bajada considerable del consumo de drogas más duras y peligrosas. Y lo que si esperamos es que haya una reducción considerable de los delitos que se producen en torno al narcotráfico”, señala el legislador del Frente Amplio.

Porque esa es otra de las claves. Según los datos del Gobierno de Uruguay, las redes ilegales vinculadas al cannabis mueven unos 60 millones de dólares anuales en el país. Y uno de los objetivos de la normativa es hincarle el diente a una buena porción de esta enorme fuente de negocio ilegal. “Hay que ser ambiciosos. A medio plazo podríamos arrebatarle dos tercios de ese negocio a las redes económicas ilegales y destinar ese dinero a la lucha efectiva contra la drogadicción”, comenta Núñez. Julio Calzada es más modesto en sus previsiones. El responsable uruguayo de la política antidroga adelanta que en los próximos años se recaudarán “entre cinco o seis millones de dólares durante los primeros años de aplicación de la ley”.

En todo caso, la totalidad de estos fondos se utilizarían para luchar de frente contra el problema. “Lo importante es que aquí cada peso que se recaude y que antes servía para financiar redes delictivas en todo el mundo ahora se va a utilizar en programas de prevención y acción contra la drogadicción; ese dinero se empleará en profesionales; en médicos; en camas de hospital”, sostiene Nicolás Núñez. Y ahí está el toque revolucionario de la ley uruguaya: “Vamos a robarle al narcotráfico gran parte de sus ganancias para volcarla en políticas de prevención de daños y rehabilitación de afectados por drogas más duras. El dinero del Cannabis va a servir para invertir en los adictos en drogas más duras y los que hagan un uso irresponsable del propio cannabis. Hay que tener en cuenta que va a haber un control muy exhaustivo de los consumidores, pero no para reprimir o estigmatizar. La idea es ayudarlos”, sentencia el diputado socialista.

Amenaza de derogación

La oposición anuncia que la ley será derogada en el caso de que haya un vuelco electoral en las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2014. Tanto el Partido Nacional, como el ‘Colorado’ han anunciado que tumbarán la ley si las mayorías cambian. “Tenemos toda la intención de derogar esta ley”, mantiene Pablo Iturralde, que se apoya en las encuestas para afianzar su posición. “Creemos que hay que promover valores de trabajo, esfuerzo y deporte frente al consumo de droga. Una cosa es el auto cultivo, que está permitido, pero otra muy diferente es crear mecanismos que faciliten la llegada de la droga a los más jóvenes”, añade el diputado del Partido Nacional.

En frente, los defensores de la norma aseguran que los conservadores se mueven en términos de rentabilidad electoral. “La opinión pública ha sido bombardeada durante 70 años por información tendenciosa por lado del prohibicionismo: se ha vendido a la marihuana como un monstruo”, responde Pablo Vaz. Para el portavoz de la Asociación de Estudios del Cannabis, “no es fácil, ni rápido, cambiar esta idea, pero más allá de que hay un gran número de personas que están en contra de la ley, también hay una mayoría a la que si se le da la opción de derogarla dice que hay que ver primero si funciona. La oposición más allá de estar en contra de la ley no tiene ninguna propuesta y no podemos volver a la situación previa, porque se ha demostrado que no funciona”.

Mientras tanto, el Gobierno de Uruguay ultima los detalles para sacar a concurso público las licencias de producción de marihuana y abastecer el mercado legal. Las estimaciones cifran en unas 20 toneladas las necesidades anuales del país. Para ello, el Estado dará permiso a seis proveedores privados a cultivar fincas entre una y 2,5 hectáreas en los municipios de Montevideo, Canelones y San José. La superficie total destinada a este cultivo en todo el país no podrá superar las 10 hectáreas. Si todo va según lo programado en noviembre ya habrá cannabis a disposición de los consumidores en las farmacias del país. El tiempo dará y quitará razones; de lo que no cabe ninguna duda es que Uruguay ha dado un paso histórico. Ya se verá si es para bien o para mal.

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