La querella contra Franco se amplía en Argentina
No hay dos sin tres. Y, además, vienen otros dos en camino. Una descendiente de una víctima de la dictadura franquista se sumó este miércoles a los dos querellantes iniciales en la causa tramitada desde el pasado año por la Justicia Federal de la República Argentina contra los delitos de genocidio y de lesa humanidad perpetrados en España durante el periodo 1936-77.
Según el escrito del despacho de los abogados David Baigún, Ricardo Daniel Huñis, Beinusz Szmukler y Máximo Castex, la demandante Adriana Beatriz Fernández Galisteo alega el ejercicio del principio de jurisdicción universal para adherirse a la causa 4.591/10 por el fusilamiento de su abuelo, Antonio Fernández González, el 9 de octubre de 1936 en la plaza Villanueva de Valdueza (León). Nacido en 1912 en San Esteban de Valdueza, en el partido de Ponferrada, el jornalero también conocido como Cestero o hijo del Castrón fue apresado en su casa, en presencia de su esposa, sus hijos pequeños y de su suegra, por cinco hombres a bordo de una camioneta.
“La versión que circuló en su momento y que llegó al resto de mi familia fue que lo mataron por haber avisado a un compañero que se escapara porque vendrían a buscarlo”, recuerda ahora en la querella su nieta, residente en el municipio de Tigre de la provincia de Buenos Aires. Entre otras pruebas, Adriana Fernández aporta el acta de defunción de su abuelo, ya que el texto oficial atribuye el fallecimiento “a la lucha contra el marxismo según resulta de la prueba testifical ofrecida al efecto”.
Los restos mortales de Antonio Fernández se encuentran, según informaron a la familia desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en una fosa común de la zona conocida como La Cortea. Precisamente, la querella presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 contó con la firma como demandante de la propia ARMH junto a una decena de organizaciones sociales del país austral, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales o Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, además de los descendientes de dos víctimas mortales de la represión franquista.
Exhorto diplomático tras la reapertura judicial
Inicialmente, la causa liderada por Darío Rivas Cando, exiliado en Argentina por su condición de hijo del alcalde socialista de Castro Rei (Lugo) fusilado en 1936, e Inés García Holgado, familiar del regidor de Salamanca también ajusticiado en 1937, sufrió el archivo en primera instancia durante el pasado mayo por parte de la juez María Romilda Servini de Cubría, aunque el proceso judicial se reactivó en septiembre tras admitirse el recurso de apelación presentado por los demandantes para revocar el auto inicial y reanudar las diligencias.
Por ello, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 libró exhorto por vía diplomática al Gobierno de España a finales de octubre para que se informe “si se está investigando en ese país la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y de uno que propició la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Sin embargo, todavía “no hay noticias desde España y no es normal” un retraso de cuatro meses para responder a un exhorto judicial, lamentan desde el despacho de la acusación.
Aparte de los dos querellantes particulares del pasado año y la demandante sumada este miércoles, desde el despacho de Máximo Castex se anunció también de la próxima adhesión a la causa de 4.591/10 de los descendientes, en este caso residentes en España, de otras dos víctimas de la dictadura franquista en las provincias de Toledo y Salamanca. Y, además, no descartan nuevas incorporaciones durante los próximos meses al proceso contra la dictadura de Francisco Franco.
