Rajoy de vuelta al plasma

Patricia Hernández, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento, ha recuperado la memoria. De repente recordó a personas del entorno de Clavijo y/o CC que saben de las compras de billetes de Lotería por Miguel Zerolo con las que acaparó el cupo de posibilidades honestas de conseguir premios y más premios (o boletos premiados, que no es lo mismo) de la esquiva Lotería. Todo comenzó un día que paseaba por Las Teresitas y encontró una lámpara en la arena. Se puso a limpiarla con un pañuelo y no le sorprendió sentir dentro actividad: conocía el cuento y aguardó, pero en lugar de salirle el vaporoso genio verde de ojos saltones y largas pestañas rebosantes de gena, con chaleco sin mangas, turbante y zarcillos de argollas granditas, se le plantó delante no recuerdo si un juez o una jueza malamañado/a. Iba a acabársele lo que se daba, pero él no lo sabía aún.

No se extendió la socialista en detalles de esas personas cercanas al ex alcalde santacrucero, pero al señalarlas con el dedo mostró un énfasis que no asomó cuando ella y Clavijo mojaban el pan en el mismo huevo. Como no tengo el gusto de conocer a esas personas, no me ocuparé de ellas que ya tengo suficientes enemigos; sí me detendré, no mucho, en la diputada Hernández pues, aunque tampoco tengo el gusto, sí la conozco de oídas mayormente.

Lo más destacado de esta su intervención dedo en ristre es el reproche a Clavijo que, es verdad, no ha pedido perdón a los canarios por la inmoderada afición de Zerolo a los juegos de azar. Lo largó Hernández con un coraje liberador de cuanto se reprimió su natural cuando freían huevos juntos. De todos modos, reconozco que darle por ese lado puso de relieve que Clavijo ha asistido a algún discreto cursillo del PP orientado a combatir la tendencia de los jueces de la lámpara a considerar los frecuentes casos de corrupción producto de una “planificación criminal”, la que en Las Teresitas alcanzó la alta calificación judicial de “muy sofisticada”. Se vio claro al replicar Clavijo que a él no le duelen prendas por pedirle disculpas a los canarios y poco le faltó remedar a Raphael, sensu contrario podría decirse, cantándole que él no que él es aquél sino que no es el que metió la mano en la cacharra del gofio y que todo se debió a un error de gestión. O a varios errores, todos ellos en la misma dirección. Ya veremos qué ocurre con el recurso presentado contra la sentencia condenatoria.

Diría que esta intervención en el Parlamento canario de Patricia Hernández y el modo pepero de la réplica de Clavijo indican que esta gente piensa que la política es la pugna a ver quien ofrece el mayor alarde de pobreza intelectual. La han convertido en un ajuste de cuentas personales, a lo sumo de partido, pendiente de no perder chance para poder seguir viviendo de lo público sin mayor trascendencia para la gente de la calle que ha de aguantarlos. Su contribución al desprestigio de la actividad política es considerable y no sólo en las islas porque a escala estatal no hay literalmente por donde cogerlos. No creo que exageren quienes aseguran que esta gente está acabando con el Estado de Derecho en España.

Fiscales que algo queda

En estos días se ha puesto en evidencia que no podemos fiarnos de la cúpula de la Fiscalía y que la única esperanza son los brotes de rebeldía de los fiscales de a pie contra sus superiores, cada vez más a las órdenes del Gobierno. Es significativo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciara, hace un par de días, la inexistencia de motivos para prescindir del fiscal Moix, sobre el que recaen fundadas sospechas y no pocas evidencias de que fue el Gobierno quien impuso al teóricamente independiente Fiscal General el nombramiento al frente de Anticorrupción a Manuel Moix para que evite o al menos controle y en todo caso dificulte las investigaciones en marcha que perjudican al PP.

No sé si en Catalá prevalece la ignorancia o la poca vergüenza. Porque vino a asegurar que Moix no será cesado al frente de Anticorrupción con olvido de que no es él, o sea, al Gobierno, a quien corresponde nombrar en este caso al Fiscal Anticorrupción. Es cierto que el Gobierno nombra al Fiscal General del Estado y que, teóricamente, éste es totalmente independiente. Pero no es menos cierto que esa independencia del Fiscal General depende tanto de la voluntad del Gobierno de respetar esa independencia como del nombrado para exigir un respeto. Cosa que no se ve por ninguna parte en el caso de Moix.

Catalá ha pecado, pues, de imprudencia aunque haya contribuido a aclarar que el Ejecutivo considera totalmente controlada a la Fiscalía General. Esta interpretación ya tomó cuerpo al formarse el actual Gobierno, que prescindió de Consuelo Madrigal. Esta jurista no había cumplido aún su mandato pero La Moncloa se apresuró a quitarle de en medio y poner a José Manuel Maza. Hay el absoluto convencimiento en medios jurídico de que a Madrigal le costó el puesto su negativa a poner al frente de Anticorrupción a Manuel Moix. Los hechos parecen confirmarlo.

La naturaleza de los “avales” de Manuel Moix los puso de manifiesto la grabación, por orden judicial, de una conversación de Ignacio González y Eduardo Zaplana. En ella se comenta la conveniencia de que Moix sea el “agraciado” con el cargo y algo se habló de dejarle caer a “Rafa” tal predisposición favorable, sin que se sepa si el ministro recibió el recado ni si fue consecuencia de ella la designación de Moix que ya ha puesto a los fiscales en pie de guerra contra él. No sé si alguna vez se le ha pasado por la cabeza que el empeño de no proceder contra la corrupción y ni les cuento de ampararla acabará carcomiendo los fundamentos del Estado de Derecho, de la democracia en definitiva. Si es que le importa que el tinglado pueda venirse abajo.

Dejo a un lado la imputación, hoy investigación, ya en marcha de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, por un posible delito societario en Mercamadrid. Acaba de saltar la noticia y no se puede estar en todo. Confiemos en que las unidades que investigan estos feos asuntos se tomen un par de días sin informar sobre los nuevos que surjan y con los que, conste, el PP nada tiene que ver, qué va.

La vuelta al plasma de Rajoy

Tan es así que ahora se han fajado por allá con la comparecencia de Rajoy en el Gürtel. Cuando se supo que la Audiencia lo llamaba a declarar como testigo, el propio presidente dijo que respetaba las decisiones de la Justicia y que estaba “encantado” (textual) de ir adonde lo llamaran los jueces y responder cuanto le preguntaran. Pero el jueves pasado el PP planteó, a instancias suyas imagino, que la comparecencia fuera por videoconferencia.

Uno, qué quieren, no se maneja del todo bien con las nuevas tecnologías. Nada quiero saber de redes sociales y ni siquiera tengo móvil, algo que va contra los tiempos. El ordenador para imprimir, archivar, seguir los periódicos extranjeros, una impresora e Internet para enviar estos que todavía llamo folios son todo mi “ajuar”. Quiero decir, en fin, que no sé yo si la videoconferencia es el soporte adecuado para la testificación: hay quienes aseguran que no hay precedente alguno de que alguien residente en Madrid, como es el caso de Rajoy, haya prestado declaración ante un tribunal como testigo por esa vía. Si mal no recuerdo en lo antiguo regía el llamado “principio de inmediación”, que se cumple con la declaración presencial en la sede del tribunal; y también, en casos extraordinarios como el de Rajoy por su condición de presidente del Gobierno, con el desplazamiento de la Sala al completo al lugar que corresponda, La Moncloa, o sea. En cuanto a las videoconferencias tengo entendido que sólo se utilizan para declarantes que residan en el extranjero y no puedan desplazarse a España para comparecer.

Los peperos alegan razones de orden, de seguridad y qué sé yo para que Rajoy vuelva a su querido plasma. Con lo que ha vuelto a las andadas, que nunca ha abandonado, el bocazas parlamentario del PP, Rafael Hernando. Para él exigir su declaración presencial sólo es un intento de la oposición de montar un circo con la comparecencia de Rajoy, como si lo llamara a testificar el PSOE o Podemos y no unos jueces. Y por si fuera poco asegura el tal Hernando que, al fin y al cabo, nada sabe Rajoy de los asuntos de corrupción de las últimas décadas, a pesar de estar en la cúpula del partido y de figurar largos periodos como máximo responsable en áreas predilectas para la actuación de las tramas corruptas; como las campañas electorales sin ir más lejos. Es hilar muy fino para Hernando comprender que, de ser cierto que Rajoy no se enteraba tendríamos más motivos todavía para preocuparnos, que ahí es nada añadir a la corrupción un presidente tener de presidente a un totorota, que equivale al cambio a atontado, bobo. Rajoy debería despedirlo por faltón. Tanto insistió Hernando en que nada sabe esos asuntos que brincaban en sus mismas y meras narices que acabó diciendo algo así como que también pudieron pedir que declare al Papa de Roma, que tampoco sabe nada. Por suerte Hernando tiene un gran respeto a la Justicia; y a los españoles, induciéndolos al error de pensar que son los partidos y no los jueces quienes citaron al totorota.

Habría que decir ante semejante avalancha hernandiana unas cuantas cosas. La primera es, en realidad, la conclusión de que es Rajoy quien quiere evitar comparecer, intento que el PP apoya. Es notable la idiotez de alegar razones de orden y de seguridad, como si Rajoy no compareciera ante multitudes en toda clase de actos y concentraciones al aire libre o en los salones de centros de todo tipo… siempre y cuando los asistentes no puedan hacer preguntas.

La realidad es otra. En primer lugar, Rajoy comparece como testigo por lo que está legalmente obligado a decir verdad, o lo que es lo mismo como diría él, no decir mentiras. Esa es la clave. Sin duda, después de tantos años deben andar por ahí documentos, testimonios fehacientes de todo tipo, pruebas que pueden poner de manifiesto sus presuntas mentiras en un juicio contradictorio en que pueden surgirle sobre la marcha preguntas inesperadas. Deben alejarlo, por tanto, todo lo posible de que lo interpelen sin esperárselo para que aclare algún extremo de su declaración a la que contradicen documentos que puedan presentarle. No sabe Rajoy por donde pueden salirle y cuanto sea debilitar la aplicación del principio de inmediación le viene como agua de mayo. A nadie se le escapa que en una videoconferencia no resulta fácil exhibir documentos y objetos probatorios que confirmen o desmientan lo que acaba de decirse. Queda mejor resguardado el compareciente.

Si lo que quiere realmente Rajoy es colaborar con la Justicia y dos piedras, mejor ordena a los suyos abandonar el argumento del orden y la seguridad porque acabarán por impedirle concurrir al palco del Bernabeu. Si se empeña en ese argumento, que no sea él quien acuda a la Sala sino que sea la Sala la que vaya a La Moncloa. Como hizo Mahoma con la montaña.

Levantar el Valle de los Caídos

Y ya metido en las penosas historias de la política española, lo del Valle de los Caídos. Es una vergüenza que en un país que se dice democrático siga en pie semejante complejo a la mayor gloria de un dictador criminal. Dicen desde las filas del PP que ya es hora de olvidar algo que pasó hace ochenta años con la intención, como se le escapó a Alicia Sánchez-Camacho, de dividir a los españoles. No creo que merezca la pena volver sobre un asunto que obliga a recordar que de los tres dictadores asesinos de la época –Mussolini, Hitler y Franco- es el español el que aún recibe culto y se obliga a los españoles a pagar el mantenimiento del faraonismo de Cuelgamuros y a soportar semejante bochorno. La exaltación de los dos primeros no sólo está mal vista sino que es delito.

Viene esto a cuento de la desmemoria histórica. Su contraria, la memoria, acaba de apuntarse un tanto aparente con la aprobación parlamentaria del traslado de los restos de Franco a lugar más discreto y familiar. Que no se lo vamos a negar como hacen los suyos ya sea por afinidad, por convicción, por ganas de molestar o por lo que sea se lo continúan negando a los asesinados del otro bando cuya memoria es, por lo visto, la que siembra la división entre españoles desde las cunetas y las fosas perdidas donde los dejaron. Y ha sido como digo un tanto aparente porque lo que se aprobó fue una proposición no de ley que el Gobierno no está obligado a aplicar. Está claro, pues, que no la aplicará así que todo se queda en lo puramente testimonial. La tomadura de pelo continúa.