Las comunidades afrontan el curso pendientes de las resoluciones del TC
Los gobiernos autonómicos afrontan el último período de la legislatura entre las reuniones pendientes con el presidente del ejecutivo tras las elecciones de mayo y el intenso trabajo que le queda al Tribunal Constitucional para resolver los recursos planteados contra algunos de los estatutos ya aprobados.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirá en La Moncloa a los máximos responsables autonómicos a partir de septiembre, ronda que iniciará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de Andalucía, Manuel Chaves.
En la mayoría de los casos se trata de presidentes que repiten el cargo, salvo en los casos de Canarias, Paulino Rivero (CC); Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), y Baleares, Francesc Antich (PSOE), aunque éste ya presidió el Ejecutivo de las islas entre 1999 y 2003.
Pero si el presidente del Gobierno tiene un apretado calendario con éstas y otras reuniones en los próximos meses, no menos trabajo le resta al Tribunal Constitucional, que tiene pendientes de resolver varios recursos que pesan sobre algunos estatutos autonómicos ya aprobados.
Los Estatutos de Autonomía
La resolución que se espera con más expectación es la relativa al nuevo Estatuto catalán, recurrido por varias comunidades autónomas, por el Defensor del Pueblo y por el PP, que además consiguió que se admitiera la recusación de uno de los magistrados del llamado sector progresista, Pablo Pérez Tremps, que no podrá participar en los debates del recurso de esta formación política.
Además, el TC está inmerso en una polémica acerca de la renovación de parte de sus magistrados, después de que el PP haya recurrido la ley orgánica que permitirá que la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, prorrogue al menos hasta el próximo mes de diciembre su mandato, que concluía el pasado 30 de junio.
Las competencias sobre el Archivo de la Corona de Aragón, los recursos hídricos, la financiación y las atribuciones del Síndic de Greuges son los principales motivos de los recursos contra el Estatuto catalán presentados por los Gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y La Rioja, además de por el PP y el Defensor del Pueblo.
Contra el Estatuto andaluz se presentaron dos recursos por parte de la Comunidad Valenciana y de Extremadura: el primero no fue admitido a trámite, mientras que el extremeño, basado en la inconstitucionalidad de atribuirse Andalucía competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir, sigue su curso.
El Estatuto de la Comunidad Valenciana, que fue el primero en aprobarse en las Cortes, también fue recurrido por los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón, por considerar inconstitucional la redistribución de los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias que hace el texto.
El último recurso contra un Estatuto, a mediados de julio, fue el planteado por el Gobierno de La Rioja contra el de Aragón, al entender que se invaden competencias del Estado y de esta comunidad en la gestión del agua del Ebro.
Además de los recursos pendientes contra estos Estatutos, hay otras reformas estatutarias que centrarán el debate político en los próximos meses, ya que han sido registradas en el Congreso de los Diputados las de Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
En el caso canario la reforma está en fase de enmiendas y desde el PSOE se predice que será necesario un acuerdo “muy mayoritario” para que salga adelante, que obligará al PP a apoyar un Estatuto al que en un principio se oponía tras su alianza de Gobierno con CC.
También en fase de enmiendas está el texto de Castilla y León, mientras que el de Castilla-La Mancha fue registrado en la Cámara Baja el 1 de febrero tras ser aprobado por unanimidad en las Cortes regionales.
El desarrollo de las reformas estatutarias, con las previsiones de inversión estatal en sus respectivos territorios, así como la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica son otros de los retos para este nuevo curso político, y en el caso de Cataluña se suma la polémica por la gestión y la petición de transferencia de las infraestructuras de transportes.
La proximidad de la convocatoria de elecciones generales impedirá la celebración del Debate del Estado de las Autonomías.
