Garzón declara por los cobros de Nueva York
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está citado este jueves a las 9:30 hora canaria en el Tribunal Supremo, donde declarará ante el magistrado de este órgano Manuel Manuel Marchena como imputado en los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los cobros que pudo percibir de la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, que fueron patrocinados por el Banco Santander.
Será la segunda ocasión en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comparece ante el Supremo, después de la que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en relación con la querella que se dirige contra él -a instancias del sindicato de funcionarios Manos Limpias y de Falange Española y de las JONS- por una presunta prevaricación cometida cuando abrió una causa en la Audiencia Nacional por las desapariciones durante el franquismo.
Los letrados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, relacionan la supuesta percepción de 302.000 dólares por parte de Garzón por la organización de los cursos con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las “cesiones de crédito”.
Aunque la citación de hoy no tenga que ver nada con el tema de la Memoria Histórica es bastante probable que mañana apoyen al juez ante las puertas del Tribunal Supremo representantes de las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil, que ya lo hicieron con ocasión de su comparecencia de septiembre.
La citación coincide además con la creciente movilización de sectores jurídicos, sociales e incluso artísticos en apoyo del magistrado tras conocerse a decisión del Supremo de sentarle en el banquillo por el asunto de las fosas. Al igual que en dicho caso, la Fiscalía tampoco acusa el juez de la Audiencia Nacional en el procedimiento por los cobros en Nueva York.
Garzón será defendido hoy por Enrique Molina, que fue durante muchos años fiscal adscrito a su juzgado en la Audiencia Nacional, y que curiosamente también defiende a la esposa de Francisco Correa en el “caso Gürtel”. En las otras dos causas que tiene pendientes, por la investigación del franquismo y las escuchas a abogados de la citada trama corrupta, el magistrado es defendido por Gonzalo Martínez-Fresneda.
En todo caso, Garzón podría ser citado a declarar en el futuro una vez más si se rechaza el recurso de súplica que ha presentado contra la admisión a trámite de la tercera querella admitida contra él, esta vez por intervenir conversaciones de los cabecillas de la trama “Gürtel” con sus abogados en prisión.
Otras citaciones
El instructor del caso de los cobros ha citado además para el próximo día 21 a otras a tres personas cuya comparecencia en calidad de testigos había solicitado la acusación popular.
Se trata de María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el ex director del centro universitario James D. Fernández.
Los querellantes habían solicitado las declaraciones de estos tres testigos, entre otros, por dudar de la veracidad de un documento aportado por la defensa que certifica que el magistrado ni solicito ni recibió financiación de la entidad para organizar las jornadas en la Universidad de Nueva York.
En un escrito al Supremo, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón señalaban que el contenido del citado certificado, que lleva la firma de James D. Fernández y de la actual directora del centro, Jo Labanyi, no se corresponde con la realidad porque contradice el de otros documentos que ya obran en la causa, aportados por el propio Banco Santander.
“La documentación aportada por el Banco Santander en las presentes diligencias pone de relieve que 100.000 dólares de los 302.000 de que se compusieron los dos patrocinios fueron desviados desde el Banco de Santander hacia la Universidad de Nueva York, evitando su ingreso en las cuentas del Centro Juan Carlos I de España” (que era el que organizaba directamente los cursos), según señalan las acusaciones.
