Greenpeace pide la anulación de la nueva Ley de Costas
Greenpeace ha presentado el martes un pliego de observaciones al anteproyecto de Ley de Protección y Usos Sostenible del Litoral en la Dirección General de Costas. Considera que los cambios que pretende introducir el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente modifican y debilitan los tres pilares básicos de la protección del litoral: el dominio público; las servidumbres para proteger ese dominio que se recortan y reducen a 20 metros; y el plazo de las concesiones de ocupación privada en terreno público, que se extiende a 75 años.
En un comunicado, los ecologistas han querido denunciar que en este anteproyecto de Ley “no existe ni una sola mención al control de los efectos del cambio climático en la costa”, así como que “se excluyen del dominio público núcleos costeros elegidos aleatoriamente” y alerta del peligro que tiene la privatización de zonas inundables por temporales. Además, entre otros puntos, recriminan a Medio Ambiente que “la memoria económica que se presenta está incompleta”.
La organización ecologista desaprueba el trámite de información seguido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que todavía no ha explicado por qué este proceso de participación y alegaciones públicas se ha abierto solo a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente y no a toda la sociedad. La organización ecologista denuncia el oscurantismo con el que se ha tramitado la nueva ley, que fue presentada ya como anteproyecto de Ley, y que cuenta con el beneplácito interesado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Mesa del Turismo o el sector acuícola.
“Dado el nulo avance en la protección ambiental de la costa y la escasa participación pública a la que el ministro Arias Cañete ha sometido esta reforma, nos tememos que este procedimiento de observaciones sea un mero trámite que incluirá nuevos núcleos amnistiados y atenderá a nuevos intereses privados”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.
Greenpeace junto a otras organizaciones puso en marcha la plataforma No a nuestra costa en defensa de la Ley de Costas, un lugar que también sirve para recoger las opiniones y consideraciones de la ciudadanía al respecto ante la falta de un espacio de participación pública habilitado por el Ministerio de Agricultura.
Por estas razones, Greenpeace pide que se anule el mencionado proyecto que se pretende presentar como anteproyecto en el Congreso para su aprobación parlamentaria en octubre y que se elabore un nuevo texto con la participación de todos los sectores sociales.