Un coronel de la Guardia Civil aún duda de la existencia de la dinamita de Toro

En su declaración como testigo en la trigésimo primera jornada del juicio por el 11-M, Hernando relató que después de que el ex confidente Rafá Zouhier comunicara a sus controladores que había unas personas que ofrecían explosivos en Asturias y que vivían en esa provincia, lo comunicó a la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo a través de una nota informativa, y en ese momento les traspasó la investigación. Además, el coronel destacó que “todavía hoy” duda de la existencia de los 150 kilos de explosivos que Zouhier les manifestó que ofrecían los acusados Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras.

Al ser preguntado si él como experto en la lucha contra ETA pensó en algún momento que esos explosivos pudieran estar destinados a esa banda terrorista, Hernando contestó que “ETA hasta el momento jamás ha utilizado medios entre delincuencia común para comprar explosivos. O los roba en los polvorines o los fabrica”.

“No ordené en ningún momento que se destruyera ningún documento”

Así, el 27 de febrero de 2003, Hernando remitió a la Comandancia de Oviedo una nota informativa en la que la UCO daba cuenta de los datos facilitados por Zouhier y que después amplió en otra posterior del día 6 de marzo, en la que se citaba la cantidad de explosivos, y que llegó a la Comandancia asturiana el día 11.

Preguntado si en algún momento ordenó al comandante de Asturias destruir esta última nota, Hernando lo negó rotundamente y dijo: “yo no ordené en ningún momento que se destruyera ningún documento, ni nota, ni correo, ni ordené a nadie que lo destruyera”. A propósito de esa nota, uno de los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo Francisco Javier Jambrina testificó, no obstante, posteriormente que un controlador de Zouhier, Víctor, le pidió que destruyera la nota que recibieron el 11 de marzo.

Según este testigo, Víctor le hizo esta petición “el día anterior en que iba a comparecer el personal” de la UCO ante la comisión del 11-M en el Congreso y, para convencerle de que lo hiciera, le indicó que “sólo obra copia en ambas unidades”, lo que el pasado 9 de abril negó el controlador de Zouhier, que reconoció que le llamó para advertirle de que la nota no debía “filtrarse” a los medios de comunicación y no para que la destruyera.

“No tiene escrúpulos”

En esta jornada, en la que en un principio estaba previsto que declarara Mustafá Maymouni, que está preso en Marruecos por los atentados de Casablanca en 2003 y cuya comisión rogatoria ha sido aceptada, aunque por el momento no hay fecha concreta para su declaración, también testificó el ex comisario de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía Rafael Gómez Menor.

Gómez Menor manifestó que dejaron de investigar en 2002 a uno de los presuntos autores del 11-M, el suicida Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, porque cambió de teléfono y no pudieron averiguar el nuevo número. También dijo que su unidad investigó al acusado Rabei Osman El Sayed, El Egipcio, considerado cerebro de la masacre, entre febrero de 2002 y hasta el 27 de febrero de 2003, fecha en la que supuestamente, según recordó, éste se marchó de España.

Durante la sesión matinal declaró la madre del acusado Jamal Zougam, que aseguró que su hijo “dormía delante” suyo la noche del 10 al 11-M y lamentó que, a pesar de que, según ella, las horas en las que se produjo la masacre este procesado estaba en su casa, “después han dicho muchas cosas de él”. Además testificó este jueves, entre otros, un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que participó en la detención de Trashorras, de quien manifestó que “no tiene escrúpulos” y que sabe que la dinamita “se puede utilizar no precisamente para hacer cosas buenas”.