Más de la mitad de las víctimas del 11-M aún sufre secuelas psicológicas
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha presentado este martes un estudio titulado Las víctimas 36 meses después, en el que destaca que el 50,4% de los afectados por el atentado sufre todavía secuelas psicológicas y el 59,3% aún padece problemas auditivos.
Según explicó Ana Zapardiel, trabajadora social de la asociación, casi el 60% de los 300 encuestados -todos miembros de esta asociación- son víctimas directas y el 40,2% familiares.
Syra Balanzat, psicóloga de la asociación y coproductora del estudio, analizó las principales secuelas que tienen las víctimas 36 meses después y destacó las auditivas (59,3%), psicológicas (50,4%) y neurológicas (9,7%).
Otro dato significativo es que, mientras la necesidad de tratamiento psicológico ha descendido en las víctimas de un 48,6% a un 27,8%, la atención a familiares se ha incrementado en un 12,1%.
De todos ellos, más del 75% reciben la ayuda psicológica de los centros de salud mental de la Comunidad de Madrid y de su asociación, mientras que la ayuda por parte del Ministerio del Interior es de 6,5%, según el estudio.
Entre las víctimas encuestadas, el 82% sufrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 y el 18% la explosión del piso de Leganés (Madrid) el 3 de abril de ese mismo año, en el que murieron siete terroristas islamistas.
Respecto a las nacionalidades de las víctimas, el 12,1% eran extranjeros, y como consecuencia de los atentados, su situación legal se vio modificada, ya que el 52,1% de ellos y el 50% de sus familias obtuvieron el permiso de residencia y/o trabajo, mientras que el 17,4% obtuvieron la nacionalidad española.
En referencia al área del atentado, el 27,9% de los afectados no han obtenido el reconocimiento oficial como víctimas de la masacre, mientras que el reconocimiento del 4,5% restante todavía está en trámite.
“Un dato muy significativo es que casi la mitad de las víctimas ha acudido en dos o más ocasiones al tribunal médico para la valoración de secuelas, lo que ha afectado negativamente a su recuperación psicológica, porque el acudir reiteradamente para la valoración de sus secuelas suponía para ellos una puesta en duda de su condición de víctimas”, explicó Zapardiel.
En cuanto al área social del estudio, casi la mitad de las víctimas ha valorado que la información recibida de las Administraciones Públicas y el Ministerio del Interior ha sido insuficiente.
El estudio destaca que el 22,1% de las víctimas ha recibido la incapacidad permanente como consecuencia del atentado, un 4,4% están jubiladas por secuelas físicas y psicológicas sufridas y un 10,6% continúa de baja laboral, mientras que casi un 8% de los familiares ha tenido que desatender su trabajo porque han tenido que dedicarse al cuidado de las víctimas.
Por último, el 86,1% de las víctimas cree que la postura del Gobierno con respecto a ETA es “desacertada”, y el 87,2% que la política actual en materia antiterrorista es “ineficaz”.
