'Súsper', en el banquillo por extorsión de fondos para finncia ETA
El que fuera jefe del aparato militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, Súsper, se sienta desde este lunes en el banquillo del Tribunal Especial de lo Criminal de París acusado de numerosos cargos, en particular la extorsión de fondos para financiar la banda.
Integrada sólo por magistrados, la corte juzgará también, en la vista prevista hasta el 16 de mayo, a otros cuatro miembros o presuntos miembros de ETA, detenidos en el suroeste de Francia en diciembre de 2002, al mismo tiempo que él, o a comienzos de 2003.
Se trata de la compañera de Súsper Beltzane Obanos Sainz de Murieta, de 30 años, y de su brazo derecho Lorena Somoza Chamizo, de 32, con las que vivía en un piso en Tarbes (suroeste), donde se encontró una ingente documentación que permitió realizar decenas de detenciones en Francia y España y tener un conocimiento detallado del organigrama de la organización terrorista.
Los otros dos juzgados son los presuntos miembros del aparato de la reserva de ETA Mikel Miren Otegi Unanue, de 35 años, y Alona Muñoa Ordozgo, de 31, arrestados en febrero de 2003 gracias al hallazgo de esos papeles.
Los cinco están acusados de asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia y transporte de armas, uso de documentación y matrículas falsas, y receptación de robo en banda organizada, entre otros cargos.
Súsper, de 36 años, que asumió la dirección del aparato militar de ETA tras el arresto de Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi en septiembre de 2002 en Francia, es el único juzgado por extorsiones de fondos por medio del “impuesto revolucionario” exigido a empresarios españoles para financiar a la banda.
Se le acusa de haber intentado o conseguido mediante la violencia o la amenaza desde el territorio francés el pago por 16 empresas del País Vasco y Navarra de cantidades que iban de 12.000 a 500.000 euros entre finales de septiembre de 2002 y su primer arresto.
Obanos, la única del grupo que comparece libre (está bajo control judicial desde noviembre de 2006), y Somoza, quien había sido el brazo derecho de Súsper cuando dirigía la estructura de reclutamiento de ETA (Arrantzale), comparten con él la imputación por receptación de extorsiones de fondos en banda organizada.
En concreto, la receptación de más de 900.000 euros procedentes del “impuesto revolucionario” que ETA extorsionó a empresarios españoles en 2001 y 2002.
La abundancia e importancia de la documentación hallada en el piso de Tarbes indican que Súsper había recuperado papeles de sus predecesores en la dirección militar, Olarra Guridi y Múgica Goñi.
En un ordenador utilizado por ambos aparecía la estructura de ETA en fecha de mayo de 2002, que incluía el aparato militar (Otsagi) encargado de la formación, transferencia del material para los atentados, movilidad de activistas, reclutamiento y grupos operativos.
Además, había las áreas de logística, información, política, recepción y acogida de nuevos clandestinos en Francia, la tesorería (Gezi) encargada del cobro del impuesto revolucionario, y la dirección.
En otros textos, se daba un listado de los 210 activistas que integraban a mediados de 2002 el aparato militar, así como las necesidades en personal y material para los comandos operativos.
El material informático reveló una quincena de registros en un fichero de secuestros “exprés”, una práctica que la policía española hasta entonces no asociaba con ETA y que, según los investigadores, venía a sustituir a los secuestros de industriales que se habían podido llevar a cabo en los años 90.
Los secuestros “exprés”, según esos elementos, permitieron a Súsper recaudar 700.000 euros, que sumados a más de 170.000 euros de fondos para la estructura de reclutamiento que había dirigido y al dinero incautado en su primer arresto, llegan a los más de 900.000 euros cuya receptación se le imputa.
Dos días después de su arresto en las Landas el 19 de diciembre de 2002, Súsper se había fugado de la comisaría de Bayona por un conducto de ventilación, y fue capturado de nuevo un año después.
