En educación la autoridad no se impone a golpe de decreto

Hay alguna gente que, cuando ocupa las direcciones de los centros educativos, reclama leyes de autoridad docente como si el principal problema de la educación fuera la falta de mano dura. A este paso, solo les falta pedir que doten a los equipos directivos de cascos, porras y pistolas para restablecer el orden. Una penita.

Detrás de estas reclamaciones puede haber miedo, frustración e impotencia ante conflictos reales que el profesorado afronta cada día. Esos problemas merecen atención, recursos y respuestas eficaces. Sin embargo, también existe una concepción autoritaria de la educación que confía en que una lista de faltas, castigos y sanciones, acompañada de un principio de autoridad que sitúe al docente en una posición de ventaja frente a las familias, resolverá los problemas de convivencia.

La pregunta, por tanto, resulta inevitable: ¿de verdad creen que la autoridad impuesta soluciona los conflictos?

Primer argumento: la convivencia exige comprender y educar

En primer lugar, la convivencia escolar tiene raíces diversas y profundas. Cada conflicto responde a unas circunstancias concretas y exige una respuesta individualizada. Educar consiste, precisamente, en comprender qué ocurre, prevenir, mediar, reparar el daño y ofrecer oportunidades para cambiar.

Por eso, la educación debe partir de la convicción de que las personas pueden aprender a respetarse y a convivir, incluso cuando han protagonizado conductas inaceptables. Reducir cualquier problema de convivencia a una cuestión de obediencia y castigo significa ignorar sus causas y renunciar a la tarea educativa.

Segundo argumento: autoridad no significa autoritarismo

Por supuesto, el profesorado necesita respaldo, protección y autoridad para ejercer su trabajo. Ahora bien, una cosa es respaldar a quienes educan y otra muy distinta confundir autoridad con autoritarismo, o disciplina con obediencia ciega.

La autoridad educativa no se fortalece convirtiendo la escuela en un espacio de amenazas y sanciones. Al contrario, se consolida cuando existen normas claras, relaciones basadas en el respeto y condiciones que permiten a toda la comunidad educativa asumir responsabilidades. La autoridad que educa no se impone únicamente desde arriba: se construye mediante la coherencia, la justicia y el respeto y reconocimiento mutuo.

Tercer argumento: hacen falta recursos y respuestas educativas

Además, ninguna ley de autoridad resolverá por sí sola los problemas de indisciplina. Si tuviéramos un mayor acceso a la cultura y si los valores democráticos y los derechos humanos prevalecieran sobre el capitalismo salvaje, el individualismo y la ley de la selva del «sálvese quien pueda», otro gallo nos cantaría. Pero en la institución escolar es evidente que se reflejan y se sufren las consecuencias perversas de la sociedad que estamos construyendo.

Esa debería ser la apuesta: más educación, más prevención, más orientación, más atención a la diversidad, más recursos para los centros y más colaboración con las familias y el entorno social. Todo ello debe ir acompañado de condiciones dignas para el profesorado y de la firmeza necesaria cuando corresponda.

Sin embargo, estas medidas requieren tiempo, medios, formación y voluntad política. Resulta mucho más cómodo abrir un expediente, imponer una sanción y expulsar que abordar las causas del conflicto y asumir la tarea, mucho más compleja, de reeducar.

Además, quienes defienden la expulsión como solución universal deberían responder a una cuestión fundamental: cuando expulsamos a un chico o una chica de un centro, no hacemos desaparecer el problema; simplemente lo trasladamos a otro centro, público por supuesto, a otra aula o a otra parte de la sociedad.

Conclusión

La escuela pública no puede renunciar a educar precisamente a quienes más necesitan de la educación. Su obligación no consiste únicamente en enseñar a quienes se adaptan con facilidad a las normas, sino también en buscar respuestas para quienes tienen dificultades para respetarlas.

En definitiva, educar no es imponer silencio ni conseguir obediencia a cualquier precio. Es contribuir a formar personas libres, responsables y capaces de convivir en democracia. Para ello hacen falta autoridad pedagógica, justicia, recursos y compromiso e inversión en educación.

No más miedo ni más autoritarismo, no más castigo y más porras. Más educación y mayor inversión en educación, en cultura y en bienestar social.