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Madrid incluye al Consell de Ibiza en la negociación por la deuda del convenio de carreteras canario entre 2012 y 2016

Canarias no acepta el primer borrador en el que se reconoce la deuda de 865 millones de euros por parte del Estado

El Tribunal Supremo obliga a abonar a las islas el dinero que el Ministerio de Fomento decidió congelar por la crisis económica

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La consejera de Hacienda del ejecutivo regional, Rosa Dávila, charla con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, momentos antes de iniciarse la reunión del Consejo de Gobierno. EFE/Ángel Medina G.

La consejera de Hacienda del ejecutivo regional, Rosa Dávila, charla con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, momentos antes de iniciarse la reunión del Consejo de Gobierno. EFE/Ángel Medina G.

El Gobierno de Canarias no acepta el borrador de acuerdo extrajudicial sobre el dinero que el Estado adeuda al archipiélago por el convenio de carreteras entre los años 2012 y 2016, que asciende a 865 millones de euros, ha informado este lunes la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila. La consejera autonómica  ha llamado la atención sobre el hecho de que el documento remitido por el Gobierno central mencione al "Consell de Ibiza", cuando esa administración no pertenece a Canarias.

El Estado remitió el viernes pasado este borrador, con el que se intenta alcanzar un acuerdo para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a abonar a Canarias el dinero que el Ministerio de Fomento se comprometió en su día a invertir en las carreteras de las islas, pero que luego decidió unilateralmente recortar debido a la crisis económica.

La cifra de 865 millones de euros incluye la cantidad adeudada más los intereses, ha señalado la también consejera de Hacienda.

La consejera ha reconocido que ese error resulta anecdótico, pero también ha considerado que demuestra que "no se está poniendo la atención debida al asunto" y parece que hace falta recordar que Canarias "no está en un cajón debajo de Baleares".

Dávila ha informado también de que el Gobierno de Canarias ha autorizado hoy un convenio de colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y los colegios de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas para el desarrollo de acciones conjuntas de apoyo en la prevención y detección de situaciones de violencia machista en las comunidades vecinales en las que estén presentes los administradores de fincas por razón de su ejercicio profesional.

El acuerdo contempla la distribución y difusión del material informativo y de sensibilización a favor de la eliminación de la violencia de género que se elabore conjuntamente, con la finalidad de procurar la mayor difusión posible del mismo, así como la formación y sensibilización en la materia para profesionales del sector de la administración de fincas.

Asimismo, se ha aprobado el gasto relativo al contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Gran Canaria por un importe de 7.761.750 euros.

Esta contratación, que se ejecutará mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación anticipada y urgente, tendrá una duración de 30 meses cuyas retribuciones se distribuyen en cantidades en los tres próximos ejercicios de la siguiente manera: 2.822.454 euros para 2019, 2.822.454 para 2020 y 1.411.227 para el primer semestre de 2021.

Igualmente, se ha aprobado un gasto de 4.500.000 euros para prorrogar por un año el contrato administrativo suscrito para la prestación de la línea regular de transporte marítimo interinsular Santa Cruz de Tenerife-Los Cristianos-La Estaca.

El contrato, que se prorroga por segunda y última vez, se suscribió el 19 de noviembre de 2013 entre la Consejería de obras públicas y transportes y la empresa Caflaja S.L.U, con una vigencia de cuatro años.

De esta forma, con la aplicación de la primera prórroga el contrato finaliza el próximo 19 de noviembre de 2018, y con la segunda prórroga finalizará el 19 de noviembre del próximo año 2019.

Asimismo, al excederse el gasto propuesto de dos millones de euros debe ser autorizado por el Gobierno de Canarias conforme estable el artículo 26.1 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.  

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