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Ruano afirma que el Gobierno "no pagará ni un céntimo" de la condena a Plasencia

El dirigente de CC dice que "el tribunal puede ejecutar la sentencia, haya o no haya ley" e insiste en que la propuesta del Cabildo de tenerife "no se tomará en consideración si le cuesta un euro a la ciudadanía"

Román Rodríguez pedirá a la Mesa del Parlamento que reconsidere su decisión de tramitar la proposición legislativa sobre los barrancos de Güímar

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José Miguel Ruano en un pleno del Parlamento de Canarias

José Miguel Ruano en un pleno del Parlamento de Canarias Flickr Parlamento de Canarias

La Ley Plasencia, su posible toma en consideración por parte de la Cámara regional y que su aprobación pueda suponer un quebranto para las arcas de la Comunidad Autónoma aún colea en el Parlamento regional. 

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC) y portavoz parlamentario, José Miguel Ruano, ha dejado claro que "el Gobierno de Canarias no pagará ni un céntimo" de la condena por daño ecológico a la que fueron sentenciados los empresarios Antonio Plasencia,  José Enrique Morales y Pedro Sicilia por un delito ecológico en los barrancos de Güímar. 

Es más, respecto a la polémica Ley impulsada por el Cabildo de Tenerife para proteger los barrancos de nuevas extracciones, Ruano ha asegurado que "si no hay garantías de que la restauración de los barrancos no cuesta ni un euro a la ciudadanía canaria, no se tomará en consideración". 

Por ello, considera que "no es pertinente que la Fiscalía pida información a la Cámara regional en torno a una sentencia que tienen que ejecutar, porque la Fiscalía pactó con quienes hicieron el daño, haya Ley o no haya Ley". 

"La Ley no tiene nada que ver con la ejecución de la sentencia, es posible ejecutarla por parte del tribunal, haciendo que los condenados paguen la restauración de los barrancos, haya o no haya ley", ha insistido en los pasillos del Parlamento. 

Ruano ha reiterado que "no entiendo por qué la Fiscalía pide que se espere por una Ley que es un hecho incierto y está en cola, ni siquiera está puesta en ningún orden del día". 

Para el dirigente nacionalista, "el propósito político de evitar que en un futuro haya nuevas extracciones es loable", pero recuerda que son los grupos parlamentarios los que deben analizar si el texto promovido por el Cabildo tinerfeño "es el adecuado para proteger la zona y, además, que el Gobierno no tenga que indemnizar posibles intereses legítimos por derechos mineros". 

"Solo la admitiremos a trámite siempre que haya garantía de que los gastos de restauración corren a cargo de los condenados y de que no haya intereses legítimos por derechos mineros que haya indemnizar", ha concluido. 

Por su parte, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha insistido en que es "inadmisible que con tantos informes contrarios el Gobierno haya dado visto bueno a su tramitación" y que la Mesa de la Cámara, "aún sabiendo que falta el informe sobre los derechos de indemnización, la haya admitido". 

Por ello, ha anunciado que "pediremos a la Mesa que reconsidere su actitud y la devuelva al Cabildo de Tenerife".

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