El Estado afirma que la ley de la policía invade sus competencias
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró este miércoles durante una entrevista en Madrid con el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que el Estado no financiará la policía autonómica por considerar que provoca divergencias con el modelo estatal, que “se basa en la Policía Nacional y la Guardia Civil”.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, dijo a los periodistas al término del encuentro entre el ministro y el consejero que se mantienen las diferencias entre los Gobiernos español y canario sobre el instrumento de seguridad creado por el Ejecutivo autonómico, cuestión reconocida también por el propio Ruano.
Camacho también explicó que, en todo caso, el Gobierno de España respeta “las competencias autonómicas” y que se intentará resolver el desacuerdo del Gobierno central con el artículo 19.2 de la Ley autonómica en que se especifican las funciones que el nuevo Cuerpo desempeñará en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En este sentido, y para evitar un eventual recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España, el Ministerio de Administraciones Públicas convocará próximamente una comisión bilateral enetre Canarias y el Estado, tras la que el Gobierno regional podría impulsar en el Parlamento de Canarias la modificación de la Ley.
No obstante, en lo que sí fue claro Rubalcaba es en que, aunque el nuevo cuerpo se ponga en marcha, el Gobierno central no tiene entre sus planes financiar la segunda fase de despliegue territorial de la policía prevista para 2012.
Si bien Ruano señaló que el Gobierno regional “seguirá trabajando” en los próximos dos años para alcanzar acuerdos con el Estado en ese asunto y que eso es algo que “no se ha agotado” en la conversación de este miércoles, incluso tuvo que admitir ante los periodistas que la postura del Gobierno central hacia Canarias es la misma que mantiene con Galicia, que recientemente también ha aprobado una Ley de Policía Autonómica.
“Disfunciones”
Según declaró Camacho, el Gobierno central no se plantea dicha financiación porque “generaría disfunciones en el sistema público de seguridad” y “el modelo actual funciona muy bien”, ya que laPolicía y Guardia Civil “han venido realizando un trabajo muy eficaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos canarios”.
En este sentido, subrayó que en la pasada legislatura se han incrementado los efectivos de ambos cuerpos en algunas zonas de Canarias en un 30%, y en algunos lugares hasta un 50%, lo que habría reducido la criminalidad en algunos casos hasta un 20%
El Gobierno de Canarias quiere que el Estado colabore en la financiación de la Policía Autonómica de modo similar al Cuerpo de Policía Foral de Navarra, una equiparación que Camacho rechazó este miércoles en rueda de prensa al considerar que se trata de cuerpos que “no son comparables”, ya que en Navarra no hay “una policía nueva” y la que existe subsistió durante todo el siglo pasado por la pervivencia en dicho territorio del régimen foral.
Por otro lado, Camacho también rechazó el argumento de la mayor rotación de las plantillas de Policía y Guardia Civil en el Archipiélago con el que el Gobierno de Canarias ha justificado la creación del nuevo Cuerpo Autonómico, asegurando que “no sólo hay rotación en Canarias, sino en muchos otros territorios”.
Acuerdos en inmigración
La inmigración ilegal fue el otro gran asunto que trataron este miércoles Rubalcaba y Ruano en su encuentro, constatándose, según Camacho, que “vamos a trabajar conjutamente para hacer frente al problema, y destacando el secretario de Estado ante los periodistas la necesidad de combatir el fenómeno mendiante la acción diplomática y la actuación ”en origen“.
Por su parte, José Miguel Ruano apreció “un cambio de postura muy positivo” del Ejecutivo respecto al fenómeno y señaló que se está adoptando una política “acertada” mediante las actuaciones en países como Mauritania, Senegal, Mali o Cabo Verde, ante la posibilidad de que en próximas fechas se incrementen las llegadas de cayucos por la mejora del buen tiempo.
En este sentido, recordó que el Gobierno regional ya había dicho que debería modificarse la Ley de Extranjería para elevar los períodos de retención hasta 70 días y que en eso el Gobierno central contará con su “colaboración”.
