El alcalde de La Orotava declara ante la Justicia
El alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, el ex concejal de Urbanismo, Juan Jesús Martín González, y tres funcionarios municipales tendrán que declarar la próxima semana ante la Justicia por un presunto delito urbanístico cometido en torno a la construcción del Centro Comercial El Trompo.
En declaraciones a Europa Press, el concejal de Iniciativa por La Orotava (IpO), José Manuel Hernández, ha adelantado que la toma de declaración de los cinco imputados tendrá lugar los próximos 2 y 4 de noviembre en dos turnos en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava. Así, está previsto que el primer día declaren los tres funcionarios municipales, y el segundo, el alcalde y el anterior concejal de Urbanismo.
Este proceso se inició en mayo de 2002, después de que el -por aquel entonces- grupo político IpO-Los Verdes presentase una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Centro Comercial El Trompo, anexo al Centro Comercial Alcampo La Villa. Este grupo entendía que se estaba construyendo sobre suelo que no era apto para urbanizar, dado que en esos momentos la calificación urbanística que tenía era de suelo rústico potencialmente productivo.
Fruto de esa denuncia, el Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava dictó un auto por el cual se declaraban como imputados a una serie de personas, cargos públicos, técnicos municipales y promotores urbanísticos. Entre ellos figuraban el propio alcalde de La Orotava y el, en aquel entonces, concejal de Urbanismo.
IpO-Los Verdes, al constatar que se estaba construyendo en esa zona una estructura que iba a soportar el Centro Comercial El Trompo y que se estaba haciendo presuntamente de forma ilegal, sin licencia y sobre suelo rústico, presentó la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava, que abrió diligencias previas; y si bien se ha solicitado en varias ocasiones el sobreseimiento de la causa por parte de los representantes legales de las personas que fueron denunciadas, éstas han sido desestimadas.
Informes periciales
Para poder dilucidar si se estaban cometiendo irregularidades en la construcción del Centro Comercial El Trompo, se solicitaron dos informes a peritos judiciales. Uno de ellos, encargado por el propio Juzgado, concluye que “la calificación de los terrenos era de suelo rústico agrícola potencialmente productivo y que no consta en el expediente administrativo ninguna solicitud por parte de los propietarios de la obligada licencia administrativa, por medio del correspondiente proyecto y anterior al comienzo de dichas obras para realizar edificaciones dentro de los usos permitidos en ese suelo, es decir, todos los constitutivos de la actividad agrícola y forestal, estando prohibido cualquier uso residencial, comercial o industrial”.
El segundo perito viene a decir en su informe que un convenio urbanístico, plan parcial o cualquier fase, ya sea avance, inicial o provisional de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no pueden clasificar el suelo en ningún caso.
Asimismo, dice que “el suelo donde se proyectó el edificio de usos múltiples y se obtuvo licencia de legalización nº 312/02 era rústico, potencialmente productivo; que hasta que no se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en fase definitiva, diciembre de 2003, no cambió su calificación a urbano, por tanto, nunca debió construirse en suelo rústico; que según se observa en fotografía aérea de fecha noviembre de 2003 estaba totalmente construida la edificación, anterior a la aprobación del PGOU de diciembre de 2003, dicha construcción empezó antes de enero de 2002, tal como se ve en las fotografías aéreas”.
Este segundo informe incluye algunas cuestiones nuevas respecto al primero, tales como que “la construcción que se ha realizado no se ajusta realmente a la Licencia de legalización concedida; que el Proyecto Inicial (...) no hizo correctamente el cómputo de superficies, faltándole 2.013,3 metros cuadrados, y que el Proyecto Modificado -de ese edificio, presentado posteriormente- incrementó incluso los metros cuadrados de construcción del proyecto inicial pero no lo reflejó en el cuadro de metros cuadrados del proyecto, faltándole por computar 5.057,20 metros cuadrados”, llegando finalmente a la conclusión de que el proyecto de edificación actual “sobrepasa con mucho la edificabilidad que le ha asignado el PGOU vigente”.
Por todo ello, la jueza entiende que procede “recibir declaración, en calidad de imputados” a una serie de técnicos municipales (concretamente a tres funcionarios municipales), al alcalde de La Orotava (Isaac Valencia Domínguez) y al anterior concejal de Urbanismo (Juan Jesús Martín González), todo ello al margen de haber recibido ya en su momento la declaración (también como imputado) del promotor de las obras, Ambrosio Jiménez Quintana.
