Ángel Llanos declara por un presunto delito de prevaricación
Ángel Llanos declaró este jueves en el juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, imputado por la Fiscalía Anticorrupción en un presunto delito de prevaricación, por haber firmado en su etapa de concejal de Recursos Humanos el traslado a una comisión de servicios de una funcionaria con plaza fija en el Centro Municipal de la Mujer, decisión que fue anulada por un juez de lo contencioso-administrativo.
En junio de 2009, Llanos, que entonces era concejal de Recursos Humanos, decretó que una funcionaria de carrera, con plaza como técnica en el Centro Municipal de la Mujer, fuese trasladada temporalmente a una inexistente comisión de Servicios de Educación y Juventud sin que ella lo pidiera. La perjudicada solicitó medidas cautelares, demandó al Ayuntamiento y el decreto fue anulado.
Esa sentencia a favor de la funcionaria, en la que se describía el trato que recibía como “claramente discriminatorio”, dio pie a una denuncia por lo penal, interpuesta el 6 de mayo pasado por el abogado José Pérez Ventura, que ha llevado a la instrucción de esta causa.
A la salida del juzgado, Llanos afirmó que se sentía tranquilo: “Lo único que hice fue firmar un decreto que venía avalado nada menos que por cuatro técnicos. No conocía personalmente a la funcionaria. Si hubiera firmado en contra del traslado sí habría prevaricado”.
En su declaración ante la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo , Llanos recordó que el informe para firmar el polémico decreto venía respaldado por la anterior directora general de Participación Ciudadana y Mujer, María del Cristo Díaz Méndez; el jefe de Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos, Pedro Ramos Izquierdo; la técnico de Administración General de Servicios Centrales, María José González Aguirre, y el jefe del Servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel García de León.
La acusación particular señala a Ángela Mena
Además de Ángel Llanos, declararon este jueves como testigos la funcionaria interina a favor de la cual se habría intentado desplazar a la denunciante, y la propia perjudicada. El abogado de ésta, Pérez Ventura, aclaró que en su denuncia pedía que se investigaran por presunta prevaricación y tráfico de influencias a Maribel Oñate, presidenta del Centro Municipal de la Mujer hasta 2007, y a su sucesora, Ángela Mena, concejal responsable del área de Mujer en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 2007 a 2011, pero no a Llanos, a quien considera el último y puntual eslabón de una larga cadena.
La denuncia de Pérez Ventura se basa, justamente, en la sentencia de lo contencioso-administrativo según la cual a la funcionaria de carrera se le vació poco a poco, “de forma deliberada y consciente”, de sus funciones a partir de julio de 2007 para favorecer a la funcionaria interina. El abogado asevera que se ha dado un incumplimiento “grave, palmario, grosero, de la legalidad, lo que caracteriza la prevaricación”.
También que “el vaciamiento de las funciones propias, unido al vacío generado a su alrededor, la presión psicológica derivada de un mal ambiente de trabajo constituye un claro acoso moral (mobbing), que bien puede resultar constitutivo de delito”.
