Archivada la denuncia contra Francisco Santiago por el 'caso Grúas Barrios'
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, María de los Ángeles Sanz, archivó este martes el caso de Grúas Barrios respecto al alcalde Francisco Santiago, a quien los gestores del pacto PP/AFV-Ciuca imputaban en una querella judicial los presuntos delitos de prevaricación, falsedad de documentos y malversación de caudales por abonar en 2002 una factura supuestamente falsa de 5.636 euros a la empresa responsable de retirar los vehículos mal aparcados en la vía pública.
El caso judicial se activó a raíz de una querella que interpuso en 2005 el pacto bipartido PP-AFV/Ciuca contra gestores del gobierno municipal al que relevaron.
El entonces edil de Tráfico y Policía, Carmelo Reyes, fue el que formalizó la denuncia en nombre del gobierno del que formaba parte y que estaba presidido por Francisco Valido contra el responsable de Régimen Interior del último gobierno de CC en el Ayuntamiento de Telde, Antonio Santana, por un supuesto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documentos.
En sus declaraciones ante la jueza que instruye el caso, Reyes se ratificó siempre en que existen “indicios” de que Santana usó presuntamente facturas falsas para justificar un pago en 2002 a la empresa Grúas Barrios. La denuncia repara en un abono del gobierno de CC de 5.636 euros al anterior concesionario del servicio de grúas, Grúas Barrios, por un concepto: la retirada de vehículos abandonados de la vía y su traslado al vertedero y demolición, que, según el contrato firmado en 1995, era gratuito para el Consistorio.
El instructor del expediente indica que en la factura que se usó para justificar el pago, presentada por Barrios en febrero de 2002 se detalla un importe de 6.652,80 euros por la retirada de 264 vehículos (144 con matrícula y 120 sin ella), varios de los cuales, pese a que se dice que fueron dados de baja y llevados al vertedero, seguían circulando y con su documentación en regla. La acusación insinúa que ese dinero iba destinado a ayudar a Grúas Barrios a abonar las tasas por su licencia de apertura. El Consistorio ingresó sólo una parte de la factura, 5.636 euros, el 3 de diciembre, importe que coincide con el que Barrios pagó por tasas al día siguiente.
Junto a Santana también figuraban como imputados el hoy alcalde de Telde, Francisco Santiago, y el funcionario municipal Jesús Santana. Éste, en sus declaraciones ante la jueza, culpó al que fue asesor del entonces edil de Ordenación, Guillermo Reyes (AFV), Vicente del Pueyo, de haberse llevado los papeles que prueban que sí se hizo la campaña de limpieza de 264 coches abandonados en el Valle de Jinámar que el gobierno del PP y AFV-Ciuca asegura que no existió y por la que se abonaron 5.636 euros a Grúas Barrios en 2002. Tanto a Antonio Santana como a Jesús Santana, la jueza les mantiene las imputaciones.
