El fiscal recurre el archivo del supuesto soborno de González Arroyo en Antigua
caso del kilillo
En un comunicado difundido este lunes, el fiscal afirma que “los elementos de prueba existentes no son meras sospechas o conjeturas, sino que justifican, al menos, la continuación del procedimiento, para que sea el órgano competente para enjuiciar este caso el que pueda valorar el material probatorio obrante en la causa”.
En el recurso de apelación presentado ante la sala de lo penal del TSJC, el representante del ministerio público considera que “la apreciación, o no, de la concurrencia cierta de un delito denunciado corresponde al órgano de enjuiciamiento a través de la correspondiente sentencia y no al instructor”.
La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó el caso al entender la magistrada instructora, Margarita Varona Faus, que “no existe prueba concluyente de la realidad de los hechos denunciados, sino solamente algunos indicios que vienen a ser posteriormente contrarrestados por otras pruebas, con lo que quedan convertidos en meras sospechas carentes de relevancia jurídico-penal”.
En junio del año pasado, Domingo González Arroyo, que es diputado del Parlamento canario y fue alcalde del municipio majorero de La Oliva, fue también absuelto de prevaricación en el llamado caso del topógrafo por prescripción del delito, si bien acabó condenado a 9 meses de multa (5.400 euros) por un delito de intrusismo relacionado con el caso.
El caso del kilillo arrancó en 2005 con la denuncia del concejal Francisco Almodóvar contra González Arroyo y la concejala popular de Antigua (Fuerteventura) Ibiza Melián como presuntos autores de un delito de cohecho, tras grabar varias conversaciones que dice que mantuvo con ambos en las que le ofrecían dinero y terrenos a cambio de su voto.
En concreto, según el denunciante, González Arroyo e Ibiza Melián le ofrecieron en una primera reunión celebrada el 29 de septiembre de 2005 la entrega de 20.000 euros y de un solar en el municipio de La Oliva, así como los materiales para hacer una vivienda en dicho solar.
Después hubo otras reuniones y se reiteraron los ofrecimientos, según denunció.
La magistrada instructora ha afirmado en su auto que “aunque pudiera concluirse” que “existen indicios de la posible comisión del delito de cohecho” al haber admitido los implicados la existencia de reuniones y conversaciones telefónicas, “existen también otros elementos probatorios que impiden el que se pueda tener por acreditada la concurrencia cierta del delito que se dice cometido”.
