El arquitecto Perrault pidió 300.000 euros por 'legalizar' el aparcamiento y centro comercial
El arquitecto francés Dominique Perrault cuantificó en 300.000 euros la cantidad que debía abonarle el Ayuntamiento de Santa Cruz por realizar un modificado de su proyecto para la reordenación de Las Teresitas, cuyo objetivo era salvar los reparos que la Dirección General de Costas y la Agención de Protección del Medio Natural y Urbano (APNUM) había impuesto al edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto.
El escrito aparece en el sumario de la causa penal que mantiene como acusados a cuatro exconcejales y tres técnicos de la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Obras. Esta comunicación tiene fecha del mes de julio del año 2008 y por lo tanto es posterior a la paralización de las obras decidida en marzo una vez que Costas había advertido que se estaban invadiendo terrenos de dominio público sin contar con ningún tipo de autorización. Por aquellos días, el organismo estatal ya había trasladado al Ayuntamiento su negativa a firmar el convenio para la ejecución de las obras dado que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) había anulado la operación de compraventa entre Inversiones Las Teresitas (ILT) y la Corporación local y por lo tanto el Ayuntamiento ya no era propietario de los terrenos, tal y como ratificaba un informe del Abogado del Estado.
Semanas antes una delegación del Ayuntamiento encabezada por la entonces concejal de Urbanismo, Luz Reverón y el hoy exresponsable de Obras, Norberto Plasencia, se habían reunido en Madrid con el equipo de arquitecto francés con el fin de intentar reanudar las actuaciones pero sorteando los reparos impuestos por el Gobierno canario y Costas, siendo además conscientes de que ya se habían presentado varias denuncias por la posible ilegalidad de los trabajos.
La idea era concentrar los trabajos en el edificio de aparcamientos y fuera de la línea de deslinde, al menos, hasta que se consiguiera una resolución judicial que permitiera reanudar las obras en toda la playa o una autorización de los organismos propietarios de los terrenos. Poco después Perrault remitió un escrito a la Gerencia en el que aceptaba realizar este modificado pero fijaba su precio en 300.000 euros. Se trataba del segundo cambio en el proyecto ya que el primero supuso la construcción de una planta subterránea aunque en este caso se acordó que el coste fuera cero. Sin embargo, esta decisión supuso primero la imputación y luego la acusación de Reverón a la que la fiscal de los delitos medioambientales, Inmaculada Violán, pide dos años de cárcel, responsabilidad civil, multas e inhabilitación.
Por esas fechas los responsables de la Gerencia de Urbanismo parecían muy interesados en imprimirle prisa a los trabajos y comenzaron a solicitar a la Consejería de Medio Ambiente autorización para poder reinicar las obras en la zona de servidumbre de protección que pertenece a este organismo y dieron un plazo de diez días al equipo de Perrault para que le remitiera la oferta de honorarios. A finales de verano la Fiscalía interpuso la querella que dos años y medio más tarde pocos dudan que desembocará en un juicio oral.
