El Ayuntamiento elude enfrentarse a la refinería
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se personará, al menos por el momento, en la causa penal abierta por la Fiscalía por los posibles daños contra la salud y el medio ambiente que causa la refinería.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, intervino en el pleno en el que se descartó la moción presentada por Ciudadanos para que la Corporación se una a esta denuncia. Y lo hizo para reiterar que por ahora se limitarán a hacer cumplir la normativa al considerar que en estos momentos no se dan las condiciones para que participen de forma activa en la causa judicial.
Aún así el Ayuntamiento repite que la industria está obsoleta y tendrá que abandonar el emplazamiento que actualmente ocupa “más pronto que tarde”. El alcalde señala que no se puede actuar contra las reglas y la refinería dispone de todas licencias legales para desarrollar su labor.
El concejal de Coalición Canaria (CC), José Alberto Díaz Estébanez, se posicionó en idéntico sentido aunque se mostró más contundente a la hora de ratificar que el Ayuntamiento quiere que la refinería abandone su actual ubicación. La concejal socialista y responsable de Medio Ambiente Yuri Más, señaló que se personaran en el momento en el que así lo decidan los servicios jurídicos.
“Es fácil caer en el populismo”
El portavoz del grupo municipal Popular, Manuel Fernández, incidió en los beneficios económicos que genera la industria con 1.200 puestos de trabajo, un 20% de movimiento en el puerto y la importancia de la actividad industrial. Por ello, pidió mucha prudencia a la hora de iniciar un guerra sin cuartel contra Cepsa y advirtió que se debe tener en cuenta que se trata de un asunto “muy delicado, técnico, estratégico en el que es fácil caer en el populismo”.
En sentido radicalmente distinto se posicionó el concejal Guillermo Guigou, autor de la moción y de la denuncia original, quien relató los efectos negativos que se ocasiona en la salud de los tinerfeños y los incumplimientos que se han producido durante los últimos años sin que se haya informado a los ciudadanos. Echó en cara el posicionamiento de Díaz Estébanez, en cuanto en su momento éste ejerció como director general de Medio Ambiente y lo acusó de haber sido entonces demasiado permisivo con la refinería.
Estébanez lo negó y dijo que, cuando ocupó este cargo, era la Consejería de Industria la que se encargaba de supervisar esta actividad.
El concejal de Izquierda Unida (IU), José Manuel Corrales apoyó la propuesta al considerar que “es de evidente interés general, si nos personamos en este procedimiento tendremos acceso a toda la información y los datos”. En idéntico sentido se mostró el concejal de Sí se puede, Pedro Arcila, para quien “es obligado” que Santa Cruz participe en este proceso judicial y mostró su alarma ante datos como que cerca de 30.000 vecinos están expuestos a las consecuencias nefastas de la industria.
Desalojo de personal de Mararía
El pleno del viernes volvió a tener como protagonistas a las doscientas trabajadoras de la cooperativa de atención social Mararía que en gran parte siguen en el paro.
El alcalde optó por suspender la sesión ante las protestas para que el Ayuntamiento cumpla con sus compromisos y la policía procedió a desalojarlas. Más tarde se descartó una moción el Partido Popular (PP) en la que se pedía que recibieran un trato social específico y diferenciado, lo que según la mayoría de gobierno era legalmente imposible.
Esta cooperativa dejó de prestar sus servicios hace más de un año después de que la Seguridad Social tuviera que actuar ante las deudas acumuladas. Desde entonces se han sucedido las promesas para volverles a dar trabajo pero sin ningún resultado hasta el momento.
El problema tiene su origen, tal y como argumentó en varias ocasiones Guigou, en la época en la que Ignacio González ejerció como concejal de Servicios Sociales. Ahora se descarta tomar alguna medida excepcional para beneficiar a este colectivo en cuanto iría en contra de la legalidad.
Toma de posesión, descanso de taxistas
En la sesión plenaria tomaron posesión de sus cargos los concejales nacionalistas Zósimo Darias y José Alberto Díaz Estébanez, que en este último caso repite el puesto por tercera vez.
Se aprobó también la obligación de que un 20% de los taxistas descanse cada uno de los días de la semana. Esta es otra de la fórmula para eliminar la actual sobresaturación de licencias que da lugar a que los profesionales apenas puedan obtener beneficio de su trabajo.
Los concejales de la oposición, sin embargo, lamentan que el acuerdo haya sido firmado con una mesa del taxi que no representa al sector. Se da la circunstancia de que al descender el número de residentes por el fraude detectado en el padrón, proporcionalmente se acentúa la diferencia de los ratios de taxi por mil habitantes.
Mapa de ruido y restauración del Viera y Clavijo
El pleno por unanimidad decidió actuar judicialmente contra el Gobierno canario para que cumpla el convenio que permita la restauración del centro cultural Viera y Clavijo, que actualmente se encuentra en estado de abandono.
Saldrá a información pública el mapa del ruido después de casi siete años de redacción. En el mismo, Arcila detecta algunas lagunas como que no se recogen las molestias que origina la actividad portuaria en el frente de María Jiménez.
En el documento se plasma que un 15% de la población soporta ruidos por encima de lo permitido y que en el caso de la calle de La Noria donde se concentra el ocio nocturno las molestias llegan a ser “preocupantes”. Otros puntos negros son todos los barrios situados a los lados de la autopista del norte y el de Buenos Aires.
