El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creará una comisión para investigar el 'caso Canódromo'
Una comisión creada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria investigará las posibles irregularidades urbanísticas en el denominado caso Canódromo, actualmente en manos de la Fiscalía, por el que la esquina de la parcela que actualmente ocupa un parque urbano fue revendida por la promotora Inprocansa, su propietaria anterior, a Realia, obteniendo unos beneficios de nueve millones de euros con apenas un mes de diferencia.
El acuerdo fue tomado este viernes en el Pleno de la corporación por 17 votos a favor -los 15 del PSC y los dos de sus socios de Compromiso-, mientras que los 11 miembros presentes del grupo de oposición, el PP, optaron por abstenerse. El concejal popular Felipe Afonso argumentó que sus compañeros y él mismo “no quieren ser cómplices de esta acción”.
Así, Afonso consideró está medida una forma de “inquisición” y señaló que “no tiene sentido que la mayoría fiscalice a la minoría y que son los jueces los encargados de determinar si han existido irregularidades”. Por su parte, la primera teniente de alcalde y portavoz del gobierno local, Teresa Morales, dijo “que oponerse a esta comisión es no creer en los mecanismos democráticos de la actividad política y que es también competencia de ellos investigar las actuaciones políticas”.
En el Pleno también hubo lugar para la intervención de María de los Ángeles Sánchez presidenta de Avecata, el colectivo vecinal de Ciudad Alta que denunció los hechos ante la Justicia. La dirigente ciudadana aseguró que en su día no se entregaron todos los informes necesarios para la ejecución de obras en el parque del Canódromo y que “la tramitación ha sido incompleta y no se han seguido los pasos exigidos”.
Sánchez, asimismo, ve con buenos ojos la creación de la comisión de investigación, ya que considera que han existido errores y que son necesarias las responsabilidades políticas y administrativas. Además, la representante vecinal señaló que no entiende como se han permitido las obras al considerar que el movimiento de tierras en esta zona puede ser peligroso, y calificó este terreno como “suelo de alto riesgo”.
Para terminar, el concejal Afonso lamentó que mientras se discute esta polémica, el grupo de gobierno resuelva el problema de la zanja que se originó, hace ahora un año, frente al parque del Canódromo, como consecuencia del despolome del muro de la calle Obispo Romo, sobre el barranquillo de Don Zoilo, siga abierta, dejando parte de la vía cerrada al tráfico.
