El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retirará el recurso de la Gran Marina
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido retirar el recurso que la anterior corporación interpuso contra la resolución del Ministerio de Fomento que declaraba nulo de pleno derecho el concurso restringido de ideas de la Gran Marina por incumplimiento de las legislaciones estatal y europea en materia de contratación pública.
Esta decisión coincide con la presentación este jueves del concurso de ideas para la ordenación integral del litoral del municipio, cuyos ganadores se conocerán el próximo mes de mayo.
La portavoz municipal, Teresa Morales, resalta que esta decisión “es consecuente con los planteamientos sostenidos por el Partido Socialista y Compromiso en la oposición y ahora en la acción de gobierno”.
“Mantener el recurso supondría no dar credibilidad a las actuaciones del Ministerio de Fomento, de la Comisión Europea y del Consejo de Estado”, explica Morales, y añade que con la retirada del recurso y la convocatoria ?también el 4 de septiembre- de un concurso de ideas abierto para todo el litoral “se inicia una nueva etapa, a medio y largo plazo, en la relación de la ciudad y sus ciudadanos y ciudadanas con el mar”.
La resolución de la Secretaría General de Transportes se fundamentaba en varias notificaciones que dirigió la Comisión Europea a los promotores del concurso, en las que se avisaba de “la violación de las Directivas sobre la coordinación de los procesos de adjudicación de los contratos públicos de servicios y del principio de no discriminación”, así como en el informe del Consejo de Estado, que en abril de 2005 declaró nulo de pleno derecho el citado concurso restringido.
A pesar de estos documentos, el anterior grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió interponer un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución que declaraba nulo el concurso. La actual Junta de Gobierno ha decido desistir de este recurso.
Paralelamente, el grupo de gobierno municipal ha presentado las bases del concurso de ideas para la Ordenación Integral del Litoral. Una convocatoria abierta a proyectos de todo el mundo y con una visión de conjunto del litoral capitalino (no restringida a unos participantes predeterminados ni a una parcela como en el anterior concurso anulado).
Cronología jurídica
El 14 de octubre de 2004 la Representación Permanente de España en la Unión Europea recibe una carta de la Comisión Europea donde se avisa de la “violación de la directiva 92/60/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procesos de adjudicación de los contratos públicos de servicios y del principio de no discriminación”. Esto supone el primer aviso de ilegalidad del concurso.
El 10 de noviembre de 2004 el Ministerio de Fomento y la Comisión Europea instan la paralización del concurso por vulnerar la Directiva 93/38/CEE relativa a los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
El 25 de noviembre de 2004 el Ministerio de Fomento inicia el Expediente de Revisión de Oficio contra el 'Concurso restringido para el desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad en Las Palmas de Gran Canaria', más conocido por la Gran Marina. La finalidad de este expediente es declarar nulas de pleno derecho todas las actuaciones llevadas a cabo en esta materia por los órganos competentes. Se basa en el incumplimiento de las legislaciones estatal y europea sobre contratación pública.
El 7 de abril de 2005 se emitió el Dictamen preceptivo del Consejo de Estado que declara nulo de pleno derecho el acto de 17 de mayo de 2004 por el que se aprueba el pliego de las bases y, consecuentemente, todos los actos posteriores.
El 12 de abril de 2005 se dictó, en consonancia con lo anterior, la resolución del secretario general de Transportes que declaró nulo todo el proceso de la Gran Marina.
El 15 de junio de 2005 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria interpusieron un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución del secretario general de Transportes.
