Bravo de Laguna reclama las competencias en Política Territorial
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha reclamado que “la mayor parte” de las competencias en Política Territorial pasen a manos de las corporaciones insulares, dados los problemas que originan determinadas resoluciones de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del Gobierno de Canarias.
No se trata de que haya manga ancha con la normativa“, matiza el dirigente insular y añade que ”debe cumplirse, pero no puede paralizar muchas iniciativas que generarían riqueza y productividad“. Para Bravo de Laguna, existen ”complejidades excesivas“ en la legislación vigente.
Sobre las quejas de algunos constructores canarios acerca de la paralización de infraestructuras -queja que la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha querido tratar con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero-, el presidente insular ha señalado que las organizaciones empresariales están en su derecho de expresar sus quejas “aunque el Cabildo no tiene que compartir todos y cada uno de sus planteamientos”, dijo.
Sin embargo, sí subrayó la necesidad de que la Isla se reactive económicamente y generarse actividad porque “vivimos, en buena parte, gracias al turismo”. En esta línea, recordó que algunos proyectos que tenían el visto bueno de los informes del Cabildo, luego “se atascan indebidamente”.
“Hay que plantear en el futuro una normativa y un marco de competencias que sea claro y que dé seguridad jurídica”, enfatizó el presidente del Cabildo grancanario tras la inauguración de las 'III Jornadas Técnico Administrativas sobre Calificaciones Terriotoriales', junto con la consejera insular de Política Territorial, Ana Kurson.
En este sentido, la consejera explicó que el objetivo de las calificaciones territoriales es detectar aquellas zonas que no se ajustan, por la actividad que en ella se desempeña, a las peticiones de los empresarios o de los ciudadanos. Kurson señaló como ejemplo las modificaciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) para dar cabida a la incorporación de instalaciones de energía fotovoltaica.
El PIOT está aprobado en su fase de avance y ahora se está tramitando la memoria ambiental, explicó la consejera. Asimismo, prevé que en “marzo o abril” esta memoria se presente a la Consejería de Política de Territorial del Gobierno de Canarias para su aprobación.
Respecto a las competencias en política territorial, Kurson comparte con Bravo de Laguna que, con independencia de las atribuciones que se pueda reservar el Gobierno de Canarias, existe un marco normativo regulatorio que puede ser asumido por el Cabildo grancanario, ya que los propios técnicos insulares trabajan “de forma eficaz” en base a dicha normativa, concluyó.
