El Cabildo estudia llevar el 'caso Alarcó' a Fiscalía

La Fundación Canaria Salud y Sanidad, durante el tiempo en que estuvo presidida por Antonio Alarcó, ha descabalado por completo las cuentas del área de Sanidad y Relaciones con las Universidades del Cabildo de Tenerife. Tanto es así que en la Consejería hay un agujero de 98.583,64 euros en facturas pendientes, la mayoría en campañas de promoción y publicidad del propio consejero y aspirante a senador por el PP.

Y lo que es peor, en palabras del consejero insular socialista José Luis Delgado: “Hay un continuo goteo de facturas pendientes que están llegado y que no están registradas, y no sabemos cuando terminarán”.

Esto es lo solo una pequeña muestra de cuanto dijo este jueves el interventor general del Cabildo, Antonio Messía, en un pleno extraordinario para dar cuenta de las cuentas irregulares de la gestión de Alarcó, en un informe demoledor que se adhiere a la auditoría externa realizada por PricewaterhouseCoppers desde el 1 de agosto pasado, y cuyas conclusiones, según ha podido saber CANARIAS AHORA, ya está en manos de los servicios jurídicos del Cabildo, por si cabe denuncia por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En el periodo auditado, del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2011, ninguna de las contrataciones de la Fundación Salud con empresas privadas, por encima de 18.000 euros, ha sido sometida a los principios legales de concurso público y publicidad para seleccionar la oferta más barata, sino que han sido asignaciones a dedo, como ya ha venido informando este periódico desde el pasado martes.

Es el caso de un contrato con Publiservic Canarias por 37.725 euros, dinero que encima fue adelantado en 2008, y del que todavía quedan pendientes de resarcir 12.000 euros; o de los contratos con Persea Comunicaciones, la empresa de Elena Fumero, ex mujer del columnista de El Día, Andrés Chaves, por 43.800,75 euros en 2010 y 32.829 en los primeros seis meses de este año, amén de otros pagos que, según la auditoría y el interventor, nada tienen que ver con los objetivos estatutarios del patronato.

Sin memoria

Lo más grave, lo que podría llevar a una acusación por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, son las contrataciones a dedo en las que ha incurrido Antonio Alarcó durante los años investigados, con un gasto cada día más excesivo en publicidad y propaganda facturado a las mismas empresas, hasta el extremo de que la sociedad pública Imetisa (Instituto Médico Tinerfeño S.A.) llegó a quejarse de un aumento del 990,85 por ciento en dos años en gastos de publicidad, según detalló la consejera de CC, Cristina Valido.

“No existe documentación o información que permita determinar que dichos gastos corresponden al objeto de la Fundación”, fue una de las frases más repetidas por el interventor en la exposición de su informe.

También que “la Fundación ha incumplido la normativa exigible en materia de contratación administrativa”, y no ya solo en los contratos ilegales y que podrían quedar anulados, sino en la contratación de un auxiliar administrativo del que no existe siquiera copia del contrato, y que debía haber sido sometido al principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Otra irregularidad es la falta de memoria de la Fundación Salud en el tiempo en que estuvo gestionada por el candidato del PP en las próximas elecciones, en sentido literal, ya que faltan las auditorias internas de las sus cuentas de 2009-2010 y la correspondiente a 2011, hasta las pasadas elecciones.

Desde las digi-cards, que no fueron usadas por personal del patronato, sino que contenían información del Partido Popular (2.730 euros), hasta los patrocinios de un campeonato de voley-playa y otro de rugby de la Universidad de La Laguna, los gastos injustificados o que no se pueden demostrar si son objeto o no de la Fundación se suman hasta dar con un balance de resultados en rojo.

En sus alegaciones, Alarcó explicó que no le había llegado en 2010 el dinero con que contaba: 100.000 euros anuales de donación de Imetisa, más otras minucias, como 8.000 euros anuales de un convenio con otro organismo público, Gestión del Medio Rural, cuya existencia no ha sido probada por lo que el interventor manifiesta su “incertidumbre” ante la posibilidad de reclamar ese pago.

El interventor también detalló, respaldando la auditoria, que la Fundación tenía una cuenta corriente sin declarar con un saldo de 2.990,93 euros, y un descubierto en una cuenta de La Caixa, que a fecha del 30 de junio pasado era de 27.731,67 euros.

El Pleno no fue adrede

Para el consejero José Luis Delgado (PSOE) lo ocurrido no le sorprende nada. “Es una forma de gestionar a la que se está acostumbrado. Se gestiona el dinero público y una empresa pública como una finca propia. Es manejar las cosas como si fuesen propias, pero sin que me cuesten”.

Delgado afirmó que la convocatoria de este Pleno extraordinario no fue señalada adrede, en contra de lo que aseveran los consejeros del PP, sino que cayó en este jueves de campaña electoral y con visita de Rajoy “porque el Partido Popular pidió una ampliación de plazo para presentar alegaciones. Si no, se hubiera celebrado antes”.

Propuso que la auditoría fuese elevada al Protectorado de Fundaciones Canarias, dependiente del Gobierno “para que esté informado y tome las medidas pertinentes”. Afirmó que no presentar las memorias anuales al Protectorado ha sido “un paso más saltado”, ya que esa institución “es la que debe velar porque el dinero público gastado cumpla con sus fines”.

Cristina Valido (CC), que fue presidenta de la Fundación entre 2003 y 2007, respaldó las palabras de Delgado y recalcó que la auditoría fue acordada en julio, “mucho antes de que se supiera que iba a haber elecciones generales”. Igualmente habló de derroche, de daño causado a la imagen del Cabildo y de la ausencia de culpa en este barrizal de los miembros del patronato ni del resto de la corporación“.

No estuvieron pero sí

Los miembros del grupo popular en el Cabildo no asistieron al pleno. Ya habían anunciado este miércoles que no lo harían si la convocatoria se mantenía o no era cancelada, como se intentó ante la Junta Electoral Provincial y la jurisdicción de lo contencioso.

La Junta Electoral negó tener potestad para paralizar una convocatoria de un órgano soberano, como es el Cabildo, y no entró en consideraciones de si se trataba de una maniobra de desprestigio o no. Se limitó a decir que no tenía potestad para intervenir. Tampoco tuvo éxito en un intento de que un juzgado de lo contencioso-administrativo adoptara medidas cautelarísimas para suspender la convocatoria.

Sin embargo, y pese a la ausencia de consejeros, el PP sí estuvo este jueves en el Pleno. Dos contratados por el PP se sentaron entre el público, sobre todo periodistas, y tomaron nota de cuanto se dijo. Cuando acabó el pleno abandonaron la sala, con las peticiones del Consejo de Gobierno de informar al patronato y llevar a cabo las propuestas del interventor. Lo que no se dijo en la sala es que el caso Alarcó ya está en los servicios jurídicos.