''La Cámara queda en entredicho por vincularse a intereses particulares''
La asociación Justicia y Sociedad considera que la función del Parlamento de Canarias “ha quedado en entredicho por la vinculación de dos diputados regionales con grupos inmobiliarios y especulativos”. El letrado de la asociación, José Manuel Rivero, y varios de sus miembros han presentado durante la mañana de este viernes una querella contra el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho y otra contra el diputado regional del Partido Popular (PP), Manuel Fernández, por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos ante la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
A jucio de la asociación, el denominado caso Salmón tiene “muchas más vertientes que el viaje privado de José Manuel Soria a Salzburgo y Noruega en el jet del empresario turístico Bjorn Lyng”. José Manuel Rivero recordó que un contrato del primero de diciembre de 2006 vinculaba a Fernández con el grupo Anfi, siendo, además de diputado regional, miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).
Según Rivero, Fernández, actual vicepresidente del PP de Canarias, “demostró interés en que la COTMAC aprobara el proyecto de Anfi Tauro que posibilitaba la construcción de 5.496 camas turísticas” en el sur de Gran Canaria para que después fuera aprobado por el Parlamento de Canarias en el último pleno de la pasada legislatura.
El letrado de Justicia y Sociedad considera necesario esclarecer y depurar responsabilidades porque “no podemos permitir que el Parlamento de Canarias sea una caja de resonancia de intereses particulares. La función del Parlamento ha quedado en entredicho por las vinculaciones a intereses especulativos e inmobiliarios de algunos de sus diputados”.
José Manuel Rivero considera que Soria no ha demostrado que pagara los viajes en el jet privado del empresario Bjorn Lyng, ya fallecido, a Salzburgo y Noruega poco antes de la aprobación del proyecto de Anfi Tauro. “Hay todo un desarrollo desde que se solicita a la COTMAC la aprobación del proyecto en el marco de la Ley de Moratoria turística. Primero, el viaje de Soria siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria, luego el contrato que vincula al diputado regional Fernández con el grupo Anfi perteneciendo a la COTMAC y después su voto a favor en la Comisión con el informe favorable del Cabildo de Gran Canaria”.
A juicio de Justicia y Sociedad, “Soria tiene derecho a no constestar, a guardar silencio o a mentir, pero políticamente es insostenible. Tiene que aclarar el caso y evitar farfullos, excusas y triquiñuelas como el hecho de que declarara que no asistió a los debates parlamentarios sobre la aprobación del proyecto y que no dijo nada sobre su asistencia a la votación porque no se le preguntó”.
La querella pide que declaren como testigos el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, el emrpesario Santiago Sanatana Cazorla y los diputados de la anterior legislatura Jorge Rodríguez, Teresita Morales y Santiago Pérez.
