Canarias pide información al Estado sobre la ampliación de la plataforma continental
El Gobierno canario pedirá información al Ejecutivo central respecto a su solicitud ante la ONU de ampliar la plataforma continental de Canarias de las 200 a 350 millas hacia el oeste, un derecho recogido en el artículo 38 de su Estatuto de Autonomía, según ha anunciado este jueves su portavoz, Martín Marrero.
El portavoz, tras la reunión del Consejo de Gobierno en la isla de Fuerteventura, ha indicado que esta ampliación supone la incorporación de 296.000 kilómetros a la plataforma y la asunción de los derechos sobre los recursos naturales que se hallan en el suelo y subsuelo de este espacio.
Marrero ha señalado que se remitirá una carta al Ejecutivo central para que informe de este proceso y de cualquier otro que se refiera a la delimitación de espacios marítimos que afecten a aguas canarias y guarden relación con terceros estados.
El Gobierno canario también recuerda al Ejecutivo estatal la necesidad de resolver la mediana con Marruecos y Portugal, ante este proceso de ampliación, ha manifestado Marrero.
El portavoz del Ejecutivo canario ha informado también de que Canarias formalizará, además, una solicitud para formar parte de las negociaciones de delimitación de los espacios marítimos de Canarias, conforme a la nueva ley aprobada el pasado mes de noviembre por el Gobierno central sobre tratados internacionales, que prevé que las autonomías pueden solicitar formar parte en estos procesos.
Según Marrero, el Gobierno de España deberá pronunciarse de forma motivada sobre la petición de ampliación de la plataforma continental de Canarias a la ONU, de la que ha dicho que “no ha habido ninguna comunicación oficial” a Canarias, por lo que entiende el portavoz que se “ha conculcado” la citada ley estatal.
El Gobierno canario, en esta primera reunión de 2015, ha fijado entre sus objetivos para el presente año, continuará con su lucha contra las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Ejecutivo central en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura.
“Continúan abiertos todos los frentes sociales, jurídicos y administrativos”, ha destacado Marrero, quien ha recordado que el objetivo es dirimir las posibles irregularidades que el Gobierno ha podido cometer en la autorización de esos sondeos, al tiempo que ha señalado que existen “razones científicas y jurídicas suficientes para que Europa y la justicia española actúen”.
