Canarias tiene los “peores datos” de España en dependencia, con casos “inadmisibles”, según la Diputación del Común

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha entregado al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, el informe anual de la institución correspondiente a 2019 en el que se constata que el archipiélago tiene en materia de dependencia los “peores datos” de España.

“Es el área que más nos preocupa y más preocupa a los ciudadanos”, ha comentado en rueda de prensa, valorando que aunque suben un 8% las personas atendidas en las islas y un 7% el gasto, Canarias aún presenta una inversión de 64,5 euros por habitante frente a los 149 euros de media nacional.

Como ejemplo de la situación ha incidido en un “caso inadmisible”, el de una mujer de 42 años que fue reconocida como gran dependiente en 2011 y en noviembre de 2019 se le da la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) que aún no ha sido aprobado. “La ley da un plazo máximo de seis meses y han pasado nueve años”, ha agregado.

Además, ha señalado que en mayores las quejas han subido un 96% por la falta de plazas sociosanitarias y el “deficiente funcionamiento” de muchos geriátricos, lo que ha obligado a la institución a actuar de oficio y preparar visitas “no anunciadas” para elaborar un informe que será trasladado al Parlamento.

Yanes ha indicado que por segundo año consecutivo las quejas de los ciudadanos vuelven a crecer más de un 20%, algo que ha vinculado al hecho de que la institución “cada vez es más conocida”, especialmente en La Palma, donde está la sede, que cuadruplica la media de quejas en las islas.

Además, ha comentado que las administraciones cada vez “son más cumplidoras” pues las advertencias por incumplimiento han caído el año pasado un 25% y las relacionadas con plazos quedaron a cero, incluso.

Ha resaltado también los fuertes incrementos en el área de Igualdad, con un crecimiento de más del 1.000% en las quejas, en tecnología, con una subida del 116%, especialmente en cuestiones relacionadas con el derecho a internet y vivienda, con un 155% debido a los desahucios.

La Diputación del Común también ha puesto de relieve que solo 22 ayuntamientos canarios tienen planes de seguridad en la costa y una veintena, planes de accesibilidad.

Un “salvavidas” para los ciudadanos

En cuanto a educación, señala que el gasto aumentó el año pasado pero no en línea con lo que exige la ley canaria de educación de llegar al 5% del PIB en 2022 al tiempo que se ha pedido a la Consejería de Educación que no cambie los libros de texto porque hay unos 300 alumnos con discapacidad visual que necesitan del método braille y no da tiempo de hacer el cambio -la consejería ha señalado que garantizará los derechos de los alumnos--.

El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha recordado la importancia social de la institución, que este año celebra su 35 aniversario.

“La Diputación del Común representa un salvavidas para muchas personas, para hacer valer sus derechos. Esta función adquiere una especial relevancia en las circunstancias actuales, por los efectos socioeconómicos derivados de la crisis sanitaria por la COVID-19 y que exigirán una respuesta contundente desde las instituciones”, ha señalado.