La patronal pide a Clavijo que suprima la Cotmac y otro organismo asuma su tarea con la Ley del Suelo
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha pedido este lunes al presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, que elimine definitivamente la Cotmac en la reforma de la Ley del Suelo, porque considera que su balance de actuación durante estos años no ha sido bueno para la economía.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su consejero de Economía, Pedro Ortega, se han reunido este lunes con la patronal empresarial de la provincia de Las Palmas para presentarle su propuesta de reforma de la Ley del Suelo, que deja en manos de los ayuntamientos el diseño de los nuevos planes de urbanismo de principio a fin, sin necesidad de obtener la aprobación de la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente (Cotmac).
Esa reforma, reduce la Cotmac a la condición de un organismo que centralizará a partir de ahora todos los informes sectoriales que el Gobierno canario tiene que emitir respecto a los planes de urbanismo en los asuntos de competencia autonómica, pero que ya no tendrá capacidad para aprobar o paralizar el proyecto del ayuntamiento.
El presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, ha coincido este lunes con Clavijo que un organismo que realice esa función de centralizar los informes del Gobierno de Canarias tiene que existir, pero ha recomendado al presidente que no sea la Cotmac.
“Entendemos que los antecedentes de la Cotmac no han sido buenos para que la actividad económica se desarrolle en Canarias de forma adecuada y los resultados son los que tenemos ahora: somos una de las regiones europeas con más paro y no le corresponde esa posición a Canarias por las oportunidades de inversión que aquí se producen”, ha manifestado el portavoz de los empresarios de Las Palmas. Manrique de Lara ha subrayado que la nueva Ley del Suelo debe ser fruto de un amplio consenso y ha de aportar seguridad jurídica.
Pero, además, ha reclamado que “sobre todo” propicie una tramitación administrativa para las inversiones empresariales “en plazos que puedan competir con los destinos alternativos”.
“No debemos olvidar que en estos momentos es especialmente prioritario para Canarias atraer nueva inversión, nuevo tejido productivo y nueva actividad económica que genere empleo”, ha argumentado.
Primario y turístico
El presidente de la CCE se ha centrado especialmente en dos sectores: el primario y el turístico.
Del primero, ha denunciado que la normativa todavía en vigor tiene parte de la culpa del declive que han experimentado la ganadería y la agricultura en Canarias en los últimos años y, sobre el segundo, ha demandado que se facilite la construcción de nuevos complejos turísticos en suelos ya calificados.
“Debemos aprovechar el suelo que ya existe para desarrollar nueva planta alojativa que compita con los destinos alternativos, con el objetivo de consolidar a Canarias con destino líder mundial en sol y playa”, ha alegado Agustín Manrique de Lara.
Sobre las dudas que existen respecto a la capacidad técnica de los ayuntamientos de pequeños tamaño para desarrollar toda la tramitación urbanística sin la supervisión de la Cotmac, el portavoz de la patronal ha recordado que los ayuntamientos que lo necesiten pueden solicitar el apoyo técnico de su cabildo.
Y de nuevo ha cargado contra la Cotmac: “Es un organismo caduco, que no responde al momento político, democrático y constitucional que vivimos. Entendemos que el poder se debe trasladar de forma clara a los ayuntamientos y a los cabildos, a las administraciones que tienen la legitimidad democrática”, ha añadido.
Por su parte, el presidente del Gobierno canario ha recalcado que la futura Ley del Suelo pretende solucionar “el atasco y las dificultades que están existiendo en esta tierra para desarrollar cualquier proyecto”.
Fernando Clavijo ha defendido que la legislación a la que va a sustituir la nueva norma genera “incertidumbre”, “mucha inseguridad” y “plazos sin concretar” en varios aspectos de la tramitación.
El presidente no cree que esta ley vaya generar más litigios, sino “todo lo contrario”, porque ahora se aplican “cuatro leyes distintas, que introducen confusión entre competencias”.
En este sentido, ha recordado que de los 88 municipios de Canarias, solo 26 han adaptado sus planes generales y ocho de ellos han sido anulados total o parcialmente en los tribunales.
“Profetas y gentes que se dedican a adivinar el futuro siempre hay, pero solo con mirar el presente podemos ver que las cosas no están bien y que hay que cambiarlas”, ha añadido.
