Las conclusiones del Canódromo no llegarán al pleno de septiembre
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, ha confirmado este miércoles que las conclusiones definitivas de la comisión de investigación sobre las torres del Canódromo no llegarán al primer pleno del curso político en el Ayuntamiento, que se celebrará el 24 de septiembre.
El consistorio se encuentra a la espera de recibir un informe pericial de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Barcelona para determinar si la actuación de los técnicos del Ayuntamiento en la operación urbanística ha sido adecuada.
Saavedra ha explicado a CANARIAS AHORA que la comisión exigirá responsabilidades a los técnicos que intervinieron en la operación que se gestó en la etapa de José Manuel Soria al frente del consistorio capitalino, siempre que el informe encargado determine irregularidades en su proceder.
Las conclusiones provisionales y las investigaciones realizadas por el PSC y por Compromiso, tras la negativa del PP a participar en la comisión, ya apuntaban al actual consejero de Economía del Gobierno regional, José Manuel Soria, al entonces concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, y a cuatro funcionarios (José Setién, Juan Cerpa, Sergio Monche y Miguel Hernández) como las piezas claves en la ejecución del plan.
La Comisión Especial de Investigación del Canódromo (CEIC) se puso en marcha en febrero de 2009 para desentramar una operación que revirtió a la empresa Urbacan 9 millones de euros de beneficio poco tiempo después de la firma del convenio urbanístico, en abril de 2002, para la cesión de los terrenos al Ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar.
El origen de la presunta desviación de poder y prevaricación del grupo de gobierno del PP se hallaría en la tasación excesiva del suelo realizada por Sergio Monche, jefe de servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Así, el documento con las conclusiones provisionales señalaba que la posibilidad de afrontar indemnizaciones millonarias por la ejecución de una operación “lesiva para el interés general” era fruto de la práctica de un “urbanismo fallido aplicado por parte del Partido Popular”.
