El consejero de Obras Públicas achaca a los municipios las dificultades para empezar el Plan de Vivienda: “Estamos rogando que nos cedan suelo”

El Gobierno canario prevé construir en 4 años unas 4.400 viviendas que pueden generar 24.000 puestos de trabajo, pero antes es fundamental concretar dónde se van a edificar y por ello “estamos rogando a los municipios que nos cedan suelo”, admitió este martes el consejero Sebastián Franquis.

El titular de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se pronunció de esta manera en el pleno del Parlamento regional durante una comparecencia sobre la aprobación del Plan de Vivienda de Canarias para contribuir a la reactivación económica y social de las islas, a instancias del grupo Nacionalista Canario.

La diputa proponente, Socorro Beato, se preguntó al respecto “¿cuándo vamos a ver la primera piedra de alguna de esas viviendas?”, y expresó su temor de que las obras vayan a comenzar en 2022 “al paso que vamos” y, advirtió, el Gobierno tiene que poner remedio.

Franquis (PSOE) indicó que se ha comprometido a llevar el plan al Parlamento en julio pero con un documento, dijo, que sea “transparente y creíble porque con voluntad sólo no puedo hacerlo: necesito suelo”.

Los objetivos son los de concretar la ficha financiera para los próximos cuatro años, la cifra de viviendas que se puede edificar y dónde, y la previsión inicial del Gobierno son unas 2.200 viviendas, que podrían aumentar en función de la colaboración de los ayuntamientos.

Además, se ha planteado con el Instituto Canario de Vivienda y Visocan la construcción de 1.434 viviendas en régimen privado y otras 800 en régimen de alquiler incorporadas al plan estatal, añadió el consejero.

El Gobierno ha firmado los convenios correspondientes con los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, entre otros, y proyecta hacerlo la próxima semana con Santa Cruz de Tenerife, expuso Franquis, quien también tiene previsto reuniones con zonas turísticas por la “enorme tensión” en el precio de los alquileres.

Además, indicó que el mayor plan que negocia con el Gobierno central es el de la rehabilitación, una parte “importantísima” al generar más empleo que la propia construcción de vivienda y fundamental porque la edad media de casi un millón y medio de inmuebles en el archipiélago es de 40 años.

También consideró Sebastián Franquis que aunque el 80 por ciento de la demanda social se concentra en las grandes poblaciones de Canarias, no se descuidará en el plan la necesidad de vivienda en municipios pequeños y medianos para combatir la despoblación.

La diputada nacionalista Socorro Beato expresó su preocupación por la falta de una ficha financiera concreta y consideró fundamental la colaboración con el sector privado que, afirmó, es “demonizado” pese a su capacidad para generar empleo y rehabilitar zonas degradadas y el parque público de vivienda.

También opinó la parlamentaria que el Gobierno de Canarias no tiene una política de apoyo fiscal a las pequeñas y medianas empresas que trabajan en este sector.

Por el grupo Mixto la diputada Vidina Espino, de Ciudadanos, consideró que “seguimos sin plan de vivienda” porque el consejero “no se ha puesto las pilas” y se ha “dormido un poquito en los laureles” porque ha estado dedicado “muchas horas” a convencer al ministro del área, José Luis Ábalos, por “el cariño que nos tiene”.

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, objetó por el contrario que el coronavirus no ha hecho que el consejero descuide su tarea y lleva varias semanas firmando con los municipios, y es un avance la incorporación de Canarias al plan estatal ante “una demanda histórica” del archipiélago.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, incidió en que Franquis no ha concretado la ficha financiera del plan, subrayó que hay un amplio parque de vivienda vacía en Canarias, y aludió a la economía colaborativa en este ámbito, es decir, “la vivienda unida a que la gente tenga empleo decente”.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, aseveró que la vivienda es una política prioritaria para el Gobierno regional, y sostuvo que el plan tiene que tener clara la ficha financiera porque hay 17.000 demandantes de vivienda pública en Canarias y esta cifra no es real, puesto que ha descendido el número al decaer su confianza en la administración.

El diputado popular Manuel Domínguez pidió al consejero que comparta su guía de trabajo porque el PP está dispuesto a ayudarlo, ya que Canarias necesita “de una vez por todas” una política real de vivienda que es “su deuda pendiente”, pero cuyo principal problema “son los planes generales de los municipios”.

El socialista Jorge González subrayó que el plan nacerá desde el consenso pero es fundamental la colaboración de los ayuntamientos para ello porque “se demanda con urgencia, pero no va despacio, va seguro” y se mostró convencido de que contará con el apoyo de todos los sectores sociales y económicos de Canarias.