El Gobierno canario aprueba y envía al Parlamento la ley de Transparencia

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

El Consejo de Gobierno de de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, que será enviada al Parlamento para que inicie su debate el próximo mes de septiembre y sea aprobada antes de que finalice esta legislatura.

La norma tiene como objetivo, según el Gobierno de Canarias, mejorar la relación entre las instituciones públicas de Canarias y la ciudadanía y establecer mecanismos de información que permitan aumentar la participación activa de las personas y colectivos en la gestión pública además de incrementar el control ciudadano sobre la actividad pública. La nota indica que esta norma es l que la primera que se elabora en Canarias partiendo de las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía desde el principio, sin un texto articulado previo.

Para ello, recuerda la nota, se inició hace un año un proceso de participación ciudadana que permitió detectar las tendencias que la sociedad canaria tiene depositadas en esta ley. Una vez recopiladas todas las aportaciones, un grupo de expertos independientes detectó las principales tendencias transmitidas demandadas por la ciudadanía, sirviendo estas aportaciones para la elaboración del primer borrador de texto articulado que fue sometido de nuevo a exposición pública.

El texto complementa la normativa básica aprobada por el Estado, ampliando su ámbito objetivo y subjetivo en el territorio autonómico. En sus disposiciones generales, el proyecto de ley describe quiénes son los sujetos afectados por la norma y cuáles son las obligaciones que deben cumplir en aplicación de los criterios de Transparencia y para facilitar el acceso a la información pública.

El proyecto de ley, en su título segundo, concreta la información de la organización y actividad que debe estar a disposición de la ciudadanía y de qué manera pueden obtenerla las personas y colectivos que estén interesados en ella. En el título tercero, el texto desarrolla los derechos que asisten a quienes quieren obtener información y conocer datos concretos sobre la actividad pública de la comunidad autónoma y el uso de los fondos que gestiona la administración autonómica y las entidades públicas y privadas que se benefician de los mismos.

Además crea la figura de un comisionado de transparencia y acceso a la información pública cuya designación corresponde al Parlamento de Canarias y establece un régimen de infracciones y sanciones y entre ellas figura que un alto cargo puede ser cesado en caso de que incumpla de forma reiterada con las obligaciones que le atribuye esta ley.

Apuestas de lucha canaria

Igualmente, el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves solicitar el dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto del reglamento de apuestas externas, en el que se incluye la regulación de las apuestas de lucha canaria.

Por medio de este decreto se regularán las apuestas de lucha canaria y de cualquier otro acontecimiento deportivo o de otra índole formalizadas en establecimientos ajenos a los recintos en los que se celebra la actividad, así como las condiciones que deberán cumplir los locales en los que se podrán formalizar las mismas. En la referencia facilitada por el Gobierno canario se señala que quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las apuestas que se realicen en hipódromos, canódromos y frontones sobre las carreras y competiciones desarrolladas en los mismos.

El presente reglamento regulará las apuestas en el ámbito privado, actividades de competición o de otra índole en Canarias señalando los requisitos y documentos administrativos, técnicos, electrónicos e informáticos que deberán reunir las empresas operadoras para obtener la autorización previa, necesaria para la organización de la explotación de las apuestas indicadas. Asimismo, aborda las condiciones y procedimientos de formalización de las apuestas, los requisitos y condiciones que deberán cumplir los establecimientos en los que se podrán formalizar las mismas, los elementos técnicos necesarios para la práctica de las apuestas, que deberán ser previamente homologadas por el órgano competente en materia de gestión administrativa de juego, así como la regulación aplicable a la instalación de los terminales y máquinas de apuestas y el régimen de inspección y el sancionador.

Con la regulación de esta modalidad de juego se desarrolla reglamentariamente la previsión de la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas que incluye la lucha canaria y cualquier otro acontecimiento deportivo o de otra índole sobre las apuestas externas. Según se señala en la nota de prensa, el Gobierno de Canarias es consciente de que en torno a las actividades lúdicas y de ocio en general se ha generado un importante sector económico que merece una atención específica por parte de la Administración.

La administración, agrega el Gobierno canario, está llamada a garantizar el adecuado equilibrio entre el avance de las actividades de juego y apuestas y la defensa de los consumidores y usuarios, considerando la dimensión e impacto económico y social de la actividad. Por ello, la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad ha contado con el sector afectado, con la apertura de un proceso de participación previo a la elaboración de la norma para la presentación de alegaciones, observaciones, objeciones o sugerencias, se explica en la referencia.

La regulación de las apuestas externas pretende la integración de otros sectores consolidados del juego (casinos, salas de bingos y salones recreativos y de juego) en la dinámica de esta modalidad, posibilitando la instalación de espacios de apuestas en sus establecimientos a fin de diversificar la oferta de juego y generar una mayor actividad empresarial.

Aprobado el decreto regulador de los convenios públicos

Por otro lado, el Consejo de Gobierno canario aprobó un decreto por el que regula los convenios suscritos por el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el contenido y otros aspectos del llamado "informe de coordinación".

Este informe se exige en el caso de convenios con el Estado o con las comunidades autónomas, y se regulan, asimismo, unos instrumentos tipo para la formalización de los convenios, se indica en la información facilitada por el Ejecutivo canario al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Añade que hasta el momento los convenios estaban regulados por el decreto 49/2010, de 13 de mayo, que creaba y regulaba dos tipos de registros para los convenios del sector público canario.

Un registro integraba los compromisos con la Administración del Estado y con otras comunidades autónomas que se asumieran mediante convenio; y el otro era para aquellos convenios que fueran suscritos por organismos de la administración pública canaria y administraciones o entidades públicas extranjeras. El decreto aprobado este jueves deroga el anterior y establece que los dos registros existentes se unifiquen en el Registro General de Convenios.

Se incluirán en ese registro tanto los compromisos con el Estado y otras comunidades autónomas como con administraciones y entidades públicas extranjeras. Además incluye los convenios que se suscriban con las corporaciones locales canarias, con otras entidades públicas y privadas e, incluso, los que celebren entre sí los órganos y entidades integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este registro general de convenios estará adscrito a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y su objeto no es tanto la de un mero registro, sino "la actividad convencional" del sector público de la comunidad autónoma, pero sólo de aquellos aspectos que interesan "a los efectos de su reconocimiento registral". Este decreto aprobado también regula el contenido y otros aspectos del llamado "informe de coordinación" que se exige en el caso de convenios con el Estado o con las comunidades autónomas y se regulan, asimismo, unos instrumentos tipo para la formalización de los convenios.

La Quinta Roja de Garachico, Bien de Interés Cultural

De otra parte, el Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural a la hacienda La Quinta Roja de Garachico, ejemplo de arquitectura rural histórica de la isla, vinculada al auge del cultivo del viñedo durante el siglo XVII.

El Consejo de Gobierno, celebrado este jueves en la capital tinerfeña, también ha modificado la categoría que ostentaba la iglesia de Santiago Apóstol de Los Realejos, uno de los edificios religiosos más antiguos de la isla, caracterizado por sus dimensiones y buen estado de conservación, otorgándole la de Monumento y delimitando su entorno de protección. La hacienda La Quinta Roja, vinculada al auge del cultivo del viñedo durante el siglo XVII, fue centro de explotación agrícola y residencia temporal de la familia propietaria.

La edificación responde a la tipología característica de las haciendas de Tenerife, con una ermita de San Cristóbal construida como capilla privada de la hacienda, según explica una nota del Consejo. El inmueble constituyó la hacienda de campo de los Marqueses de la Quinta Roja en 1687 pero existen referencia desde 1620, cuando se cita ya su ermita privada consagrada a San Cristóbal.

Además de por su arquitectura, la hacienda es conocida por haber reunido en varias ocasiones al grupo de ilustrados que participaba en las célebres tertulias en la lagunera Casa de Nava. El Gobierno indica que con su declaración se protege una de las haciendas rurales más antiguas y relativamente bien conservadas de la isla de Tenerife.

Respecto a la iglesia de Santiago Apóstol de Los Realejos, la reseña del Gobierno indica que las primeras referencias a la construcción del templo se remontan a finales del siglo XV y de su traza primitiva sólo se conserva la portada principal, obra del cantero Juan Benítez en 1570. En el siglo XVIII la iglesia mostraba su configuración actual, siendo la torre el elemento más característico de la iglesia levantada en 1774, caracterizándose por su puntiagudo chapitel recubierto de escamas cerámicas.

Con su modificación de categoría y delimitación, se pretende, según el Gobierno, ejercer una labor de control sobre el ambiente urbano más inmediato al inmueble, preservándolo de futuros impactos derivados de obras o transformaciones físicas del espacio.

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26 de junio de 2014 - 17:46 h

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